Propuesta de ley limita uso de motos en zonas peligrosas
Motociclistas rechazan plan que limita el uso de motos en zonas peligrosas
Una fuerte oposición ha surgido contra una propuesta legislativa que busca restringir el uso de motocicletas en cantones con altos niveles de violencia y delincuencia. El proyecto, impulsado por el diputado Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ha generado gran controversia, especialmente entre asociaciones de motociclistas que consideran la medida discriminatoria y poco efectiva.
Detalles de la propuesta
El proyecto de ley propone que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) impida la circulación de motocicletas con acompañantes masculinos en las áreas más afectadas por la criminalidad. La medida se aplicaría en ciertos horarios específicos y en zonas identificadas como «cantones calientes» por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con la idea de mejorar la seguridad.
La prohibición podría durar hasta un año, con la posibilidad de una única prórroga de igual duración, a través de un decreto de emergencia. Sin embargo, estarían exentos de esta restricción los oficiales de tránsito y cuerpos policiales en el ejercicio de sus funciones, así como aquellos motociclistas que transporten a personas con discapacidad o niños mayores de cinco años.
De aprobarse esta ley, la sanción por incumplirla sería una multa de tipo C, con un valor de ¢122.904, para aquellos conductores que viajen con un acompañante masculino en las áreas y horarios restringidos.
Fuerte rechazo de motociclistas
La Asociación de Importadores de Motocicletas y afines (AIMA) ha sido una de las voces más críticas, argumentando que la propuesta estigmatiza a los motociclistas al asumir que cualquiera que utiliza este medio de transporte es un potencial delincuente. La organización considera que el proyecto no está respaldado por estudios técnicos que demuestren su efectividad para reducir los actos criminales.
«Es una ocurrencia que carece de sustento, y no existe evidencia que respalde que esta medida disminuirá la delincuencia», aseguran desde AIMA. Además, la asociación considera que la propuesta vulnera derechos constitucionales como el de libre tránsito, afectando a más de 350.000 personas que dependen de las motocicletas para su trabajo.
¿Es la solución adecuada?
Los críticos de la iniciativa señalan que en lugar de imponer restricciones de tránsito, el enfoque debería estar en reformar las leyes y fortalecer el sistema judicial para asegurar que los responsables de los delitos sean castigados adecuadamente. Argumentan que limitar el uso de motos no solucionará el problema, ya que los delincuentes podrían optar por otros medios de transporte, como automóviles, para continuar con sus actividades ilícitas.