Propuesta busca frenar cobros excesivos en graduaciones y proyectos universitarios
Una nueva iniciativa legislativa pretende regular los costos de graduaciones, trabajos comunales y proyectos finales en universidades privadas, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y evitar prácticas consideradas como abusivas.
Detalles de la propuesta legislativa
La diputada Katherine Moreira Brown, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley que busca que el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) regule las tarifas asociadas a la titulación y actividades complementarias obligatorias en instituciones de educación superior privadas.
La propuesta incluye medidas para garantizar que los estudiantes que cumplan con los requisitos académicos puedan juramentarse y recibir su título sin necesidad de participar en actos de graduación, abonando únicamente los costos de titulación. Además, solicita que el Conesup diseñe un modelo tarifario específico para los costos relacionados con trabajos comunales y proyectos finales.
Impacto en estudiantes y educación superior
La diputada Moreira argumentó que estos cobros desproporcionados obstaculizan el acceso equitativo a la educación y afectan de manera especial a quienes provienen de hogares con menores ingresos.
“Los costos de titulación y las tarifas asociadas a las ceremonias son, en muchos casos, excesivos. Esto contradice el principio de igualdad de oportunidades que debe regir el acceso a la educación,” expresó Moreira.
Asimismo, destacó que los trabajos comunales y proyectos finales, concebidos como herramientas formativas, se han convertido en una carga económica significativa en algunas universidades.
Estado actual del proyecto y contexto educativo
La propuesta, bajo el expediente 24.757, aún no ha sido convocada por el Poder Ejecutivo, lo que impide su discusión inmediata en la Asamblea Legislativa.
En un contexto donde el sector privado representa una proporción considerable de la educación superior en Costa Rica, los datos revelan que de cada 10 títulos otorgados en 2020 y años posteriores, seis provinieron de universidades privadas. Esto subraya la importancia de garantizar prácticas justas y accesibles para una mayoría significativa de estudiantes.