Procuraduría exige ¢10 millones por daño social a Jonathan Prendas por viaje a España
El hecho ocurrió en el año 2019.
Dylan Gomez
Publicado: enero 31, 2022
Este lunes la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una querella y la acción civil resarcitoria contra el diputado Jonathan Prendas Rodríguez, del Partido Nueva República, ya que, este presenta presuntas faltas al deber de probidad, esto por haber aceptado un viaje a España en el 2019.
«La Fiscalía General de la República culminó la investigación penal contra el diputado Jonathan Prendas Rodríguez (sumaria 19-000010-33-PE) y, conforme al numeral 306 del Código Procesal Penal, desde el pasado día 13 de enero del año en curso, puso en conocimiento de la Procuraduría de la Ética Pública, en representación del Estado y en su condición de víctima en el proceso, la acusación penal.
Por un grupo de notas periodísticas la PEP decidió iniciar una investigación exhaustiva contra el legislador, en primera instancia los hechos ocurrieron en el año 2019.
«Los hechos investigados por la Fiscalía derivaron de publicaciones realizadas en el año 2019, por medios de comunicación nacional. En conocimiento de esas notas periodísticas investigativas, la PEP realizó una investigación administrativa oficiosa (expediente DEP-47-2019), por presuntas faltas al Deber de Probidad, en relación con la aceptación de una dádiva e interpuso la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República con motivo de su asistencia a un Congreso fuera del país, en la última semana de febrero del 2019, y cuyos gastos de transporte aéreo y estancia, aparentemente, habían sido sufragados en forma privada», señaló la Procuraduría.
Por otro lado, el mismo Prendas aceptó que un empresario le entregó boletos aéreos y todos los gastos pagos para que realizara un viaje a España.
“Los hechos que se querellan -con probabilidad suficiente- constituyen delitos de Enriquecimiento Ilícito, porque el diputado Prendas Rodríguez admitió una dádiva ofrecida en consideración a su cargo como Diputado por un sujeto privado, consistente en un viaje a España con boletos aéreos, traslados, entre otros; sufragados de manera privada y por haber percibido el pago de dietas correspondientes a sesiones de la Asamblea Legislativa durante los días que estuvo en dicho viaje, delitos previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública respectivamente.
«Además, se demanda civilmente el resarcimiento del daño social derivado de dichos delitos, y que asciende a una suma total de ¢10.000.000 así como la indemnización por el daño material ocasionado y las costas correspondientes», aseguró la PEP.
