Presidente Rodrigo Chaves y Ministro de Cultura son acusados por Fiscalía en caso BCIE
Contratos por servicios de comunicación bajo investigación por presunto delito de concusión
Fiscalía lleva caso a la Sala Tercera
La Fiscalía General de la República presentó una acusación formal ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia contra el presidente Rodrigo Chaves, como parte de las investigaciones relacionadas con una contratación gestionada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuye al mandatario un presunto delito de concusión, derivado de un contrato por aproximadamente $400 mil dólares para servicios de comunicación en Casa Presidencial, adjudicado al productor Christian Bulgarelli.
Acusación señala participación directa en beneficios indebidos
Según la tesis de la Fiscalía, Bulgarelli fue inducido a otorgar un beneficio económico irregular al coimputado Cruz Saravanja, un asesor cercano a la campaña presidencial de Chaves y amigo personal del mandatario.
Saravanja habría recibido $32 mil dólares, presuntamente usados para la compra de una vivienda, como parte del denominado «Contrato marco de prestación de servicios de consultoría».
La acusación sostiene que las reuniones y coordinaciones para esta contratación se realizaron dentro de Casa Presidencial, donde se instruyó al propio Bulgarelli a redactar los términos de referencia del contrato que eventualmente se le adjudicó, lo cual pondría en entredicho la legalidad del proceso.
Ministro de Cultura también figura entre los acusados
No solo el presidente se encuentra bajo la lupa. El actual ministro de Cultura y Juventud, Rodríguez Vives, también fue acusado por el delito de concusión, el cual, según el Código Penal, contempla penas de dos a ocho años de prisión para funcionarios públicos que, abusando de su cargo, obliguen o persuadan a terceros a entregar bienes o beneficios económicos indebidos.
Bulgarelli se convierte en testigo clave para Fiscalía
En un giro crucial dentro del caso, el productor Christian Bulgarelli fue beneficiado con un criterio de oportunidad, contemplado en el artículo 22 del Código Procesal Penal. Esto implica que colaborará como testigo para esclarecer los hechos, a cambio de una suspensión temporal de la acción penal en su contra.
La Fiscalía aclaró que, si Bulgarelli no cumple con su compromiso de colaborar de forma efectiva, se reactivará la persecución penal en su contra, bajo el expediente 25-000043-0033-PE.
El papel del BCIE y antecedentes del caso
El caso ya había llamado la atención desde 2024, cuando el propio BCIE inició una investigación interna relacionada con los contratos bajo sospecha. Posteriormente, se reveló que Bulgarelli habría sido sancionado por el banco, quedando vetado por siete años para participar en futuros procesos contractuales con la entidad.
El expediente judicial de Chaves y otros implicados fue registrado como 23-000057-0033-PE, y desde entonces ha sido objeto de debate público, tanto en la Asamblea Legislativa como en medios de comunicación.
Escenario político se tensa a un año de elecciones
La acusación contra el presidente y miembros de su equipo más cercano se produce en un momento políticamente sensible, a poco más de un año de las elecciones nacionales. Aunque la presentación de la acusación ante la Sala Tercera no implica culpabilidad, abre una etapa judicial que podría tener repercusiones en el clima electoral y en la estabilidad del Ejecutivo.
Aún no se ha confirmado la fecha en que la Sala Tercera decidirá si da curso a la acusación o si la rechaza de plano.