La Sala Constitucional dio un paso importante en el proceso relacionado con el rechazo del nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro como representante del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los magistrados admitieron para estudio un recurso presentado contra la decisión del Consejo de Gobierno de no avalar su designación, lo que permitirá analizar si el procedimiento y las razones utilizadas para rechazar el nombramiento se ajustaron al marco constitucional.
Como parte del trámite, la Sala Constitucional otorgó un plazo de tres días al Consejo de Gobierno para que presente un informe detallando los fundamentos que motivaron la decisión de rechazar la incorporación de Alfaro a la Junta Directiva de la institución.
La admisión del recurso no significa que el tribunal haya determinado que existió alguna irregularidad o que la exdiputada tenga la razón. Se trata de una etapa procesal mediante la cual los magistrados consideran que existen elementos suficientes para estudiar el caso antes de emitir un fallo definitivo.
Una vez recibido el informe solicitado al Poder Ejecutivo y analizados los argumentos de ambas partes, la Sala Constitucional resolverá si mantiene o revierte la actuación cuestionada.
Mientras tanto, el expediente permanece en trámite y la designación de Rocío Alfaro continuará sin resolverse hasta que el máximo tribunal constitucional emita su decisión.
