Una revisión interna encendió las alarmas dentro del Congreso costarricense. Un informe reciente revela inconsistencias en la forma en que decenas de funcionarios fueron ubicados en plazas administrativas, lo que pone en entredicho la transparencia de los procesos de contratación en el sector público.
El documento, elaborado por la Auditoría Interna y fechado el 16 de abril, expuesto por Crhoy.com, expone una serie de prácticas que, lejos de ajustarse a criterios técnicos, habrían favorecido decisiones discrecionales en la asignación de puestos.
Movimientos cuestionados entre asesores y plazas administrativas
El análisis identifica que al menos 56 personas que ocupaban cargos de confianza —principalmente como asesores de diputados— pasaron a desempeñar funciones administrativas de manera interina.
Estos cambios se dieron entre 2023 y 2025, en distintas fracciones legislativas, incluyendo agrupaciones como el Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana y el oficialismo.
Según la Auditoría, estos movimientos no siguieron procesos competitivos ni evaluaciones objetivas, debilitando el sistema de carrera administrativa que debería regir este tipo de nombramientos.
Ingresos sin historial laboral formal
Otro de los puntos que genera preocupación es la incorporación de 38 personas a puestos administrativos sin haber tenido una relación laboral previa formal con el Congreso.
Aunque estos individuos mantenían vínculos con despachos legislativos bajo la modalidad “ad honorem”, el informe advierte que no se realizaron concursos ni se verificó de forma rigurosa si cumplían con los requisitos para los cargos asignados.
Este tipo de prácticas, según el análisis, abre la puerta a designaciones basadas en criterios poco claros, en lugar de priorizar la idoneidad profesional.
Casos específicos reflejan debilidades del sistema
El informe detalla situaciones concretas que evidencian las irregularidades detectadas. Entre ellas, se menciona el ascenso de un funcionario desde un puesto operativo en seguridad hasta una jefatura, sin mediar un proceso de selección formal.
También se expone el caso de una asesora legislativa que pasó a ocupar un cargo gerencial dentro de una dependencia del Congreso, manteniendo simultáneamente funciones políticas, algo que contraviene normas internas sobre dedicación exclusiva.
Señalamientos sobre posibles riesgos legales
La Auditoría advierte que estas decisiones podrían interpretarse como actos arbitrarios, al no estar respaldadas por evaluaciones técnicas ni procedimientos abiertos.
Además, se plantea el riesgo de que exista una desviación en el uso de las potestades administrativas, sustituyendo criterios objetivos por decisiones subjetivas, lo que podría tener implicaciones legales y administrativas para la institución.
Llamado a frenar procesos y replantear el sistema
Como parte de las recomendaciones, el informe insta a detener los nombramientos en curso y rediseñar los procedimientos de contratación.
El objetivo, según el documento, es garantizar mecanismos transparentes, con concursos abiertos y evaluaciones basadas en méritos, que fortalezcan la institucionalidad y la confianza pública en la gestión legislativa.
