Piden 12 años de prisión contra ex defensora de los habitantes
Taitelbaum habría llamado a la víctima y le habría ofrecido «una pensión y una casa» a cambio de que retirara la denuncia
Fabián Barrantes
Publicado: agosto 23, 2019
La polémica sigue envolviendo a la ex defensora de los habitantes, Ofelia Taitelbaum, quien es acusada de cometer múltiples delitos al presentar al menos 39 documentos con información falsa, firmas o datos falsificados y hasta coaccionar para que otra persona hiciese obligatoriamente cosas que ella no quería.
Es por ello que el Ministerio Público ha presentado esta mañana una solicitud para que la ex defensora pase los próximos 12 años de prisión tras las rejas, en un juicio que inició el pasado 12 de agosto y hoy ya se encuentra en etapa de conclusiones. Según señala la Fiscalía a cargo del caso, Taitelbaum falsificó varios documentos y la firma de una costurera vecina de San Carlos llamada María de los Ángeles Otárola.
Víctima no sabía en lo que estaba implicada
Todo comenzó cuando Otárola se enteró que su nombre figuraba en la Dirección General de Tributación (DGT) con ingresos superiores a los ¢30 millones y ligada a tres organizaciones comerciales diferentes pero nunca recibió tal dinero ni participó en dichas empresas. Si la víctima no hubiese ido a solicitar un seguro a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nunca se hubiese dado cuenta de esta situación.
Amenazas y sobornos habrían estado a la orden del día
En el año 2014 el caso fue archivado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en primera instancia pero el caso fue apelado. Según afirma la víctima, recibió amenazas constantes que le pedían retirar las denuncias y hasta aseguró el pasado 12 de agosto en el juicio que Taitelbaum la había llamado para pedirle que se desdijera y que cambio le conseguiría “una pensión y una casa”.
La Fiscalía solicitó que se dicten medidas cautelares en contra de la ex funcionaria para que esta no pueda salir del país y firme una vez al mes mientras queda en firme la sentencia, pues aún falta la intervención de la Procuraduría y finalmente la defensa de la acusada, quien cuenta con el capital económico para irse del país en cualquier momento.
