Oficiales de la Fuerza Pública detenidos por cobrar peajes ilegales a camiones cisterna en Guanacaste
Funcionarios con 30 años de servicio enfrentan cargos por concusión tras extorsionar a transportistas
Redacción
Publicado: abril 29, 2025
Dos veteranos oficiales de la Fuerza Pública fueron capturados la mañana de este martes en Santa Cruz de Guanacaste, señalados como sospechosos de cobrar peajes ilegales a conductores de camiones cisterna que operaban en la comunidad de Cartagena. Ambos funcionarios contaban con más de tres décadas de servicio en la institución.
El caso, investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se centra en hechos ocurridos desde diciembre de 2024, cuando presuntamente los oficiales exigían sumas entre ₡40.000 y ₡100.000 a los transportistas a cambio de permitirles continuar con sus rutas.
Así operaban los oficiales
Peajes encubiertos bajo uniforme oficial
De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, los dos policías, de 49 y 52 años, habrían aprovechado su posición de autoridad para establecer “peajes” informales, cobrando a los choferes montos que en total habrían alcanzado los ₡300.000 colones.
Las acciones se desarrollaban en la zona de Cartagena, y según las denuncias, los uniformados interceptaban los camiones cisterna, imponiendo el cobro bajo amenaza de impedir su circulación si no accedían al pago.
Denuncia y operación de captura
Investigación inició tras denuncia directa de víctimas
Fue gracias al valor de dos transportistas extorsionados, quienes acudieron al OIJ a denunciar el caso, que se dio apertura a la investigación el pasado 21 de abril. A partir de ese momento, los agentes judiciales comenzaron un proceso de recolección de pruebas, seguimiento y vigilancia.
Este martes, los oficiales fueron detenidos en plena vía pública y, durante el operativo, se logró el decomiso de teléfonos celulares y dinero en efectivo, pruebas que ahora forman parte del expediente judicial.
Trayectoria manchada por corrupción
Tres décadas de servicio bajo la sombra de una denuncia grave
Ambos funcionarios acumulaban 30 años en la Fuerza Pública, una trayectoria que ahora se ve comprometida por un caso que sacude la confianza en las instituciones de seguridad. La figura penal que se les imputa es concusión, un delito que consiste en exigir dinero o beneficios aprovechando una posición de autoridad.
Este tipo de conducta no solo representa un quebrantamiento ético, sino también una afectación directa a la imagen de las fuerzas del orden público.
