Pese a los intentos de la defensa por detener el proceso, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó continuar con el juicio por supuesto tráfico de influencias contra el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, el exalcalde josefino Johnny Araya Monge y la exfiscala adjunta Berenice Smith Bonilla. La etapa de juicio está prevista entre el 22 de julio y el 8 de agosto de 2025, con sesiones matutinas y vespertinas.
La defensa del exmagistrado, liderada por las abogadas Jazmín Rodríguez Hernández y Natalia Gamboa Sánchez, presentó una solicitud para postergar el inicio de las audiencias. El argumento principal fue la supuesta dificultad para mantener una adecuada comunicación con su cliente, quien se encuentra en prisión preventiva bajo estrictas condiciones de seguridad.
Según afirmaron las defensoras, las restricciones en tiempo (una hora por sesión) y el espacio (una sala con doble vidrio sin ranura ni ventilación) han obstaculizado la preparación de la defensa. Añadieron que Gamboa permanece esposado y encadenado a la cintura, lo que le impediría comunicarse de forma efectiva.
No obstante, el tribunal desestimó la solicitud tras valorar un informe del sistema penitenciario que describe los locutorios como espacios aptos, ventilados, con iluminación adecuada y con suficiente privacidad para la atención de varios privados de libertad a la vez. También se indicó que existen sillas en buen estado y divisiones físicas que impiden interferencias entre locutorios contiguos.
Además, se evidenció que la defensa ha tenido múltiples oportunidades para reunirse con Gamboa, y que incluso la abogada Natalia Gamboa Sánchez ha sostenido encuentros de manera frecuente, lo cual desacredita la supuesta imposibilidad de preparar el caso.
El tribunal aprovechó la resolución para advertir al director del centro penal, Heriberto Álvarez Cantón, y al intendente Alfonso Abarca Quirós, que tomen acciones correctivas de inmediato si las situaciones denunciadas por la defensa son comprobadas o continúan ocurriendo. Esto con el fin de garantizar el debido proceso.
Cabe destacar que Celso Gamboa enfrenta simultáneamente un proceso de extradición a Estados Unidos, solicitado por la DEA, debido a acusaciones relacionadas con narcotráfico. Este nuevo frente judicial complica aún más el escenario del exfuncionario, quien ahora deberá enfrentar dos procesos en paralelo.
Contexto y consecuencias
Este juicio ha captado el interés público no solo por los nombres implicados, sino por lo que representa: una posible red de tráfico de influencias dentro de las instituciones públicas costarricenses. De ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar penas que marcarían un antes y un después en sus carreras políticas y judiciales.
Además, este caso se suma a una lista creciente de figuras públicas sometidas a procesos penales en el país, lo que refleja una tendencia hacia el escrutinio más riguroso del poder, aunque también reaviva los cuestionamientos sobre la lentitud del sistema judicial y los privilegios de ciertas figuras.
La continuidad del juicio es vista por algunos como una señal de que, a pesar de las presiones, las estructuras judiciales están dispuestas a avanzar sin titubeos. Pero también deja abierta la posibilidad de nuevos recursos legales, apelaciones y movimientos mediáticos que buscarán cambiar el rumbo del proceso.
