El fiscal general de la República, Carlo Díaz, puso sobre la mesa la relevancia de la reforma constitucional que ahora permite la extradición de ciudadanos costarricenses por delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado, calificándola como un punto de inflexión en la estrategia penal del país.
Según explicó el jerarca del Ministerio Público, la aprobación de este cambio no fue un proceso sencillo, sino el resultado de múltiples esfuerzos institucionales y políticos. “Hemos luchado mucho para que esta reforma se aprobara”, afirmó, en referencia al camino que permitió su entrada en vigencia.
Un cambio que redefine la lucha contra el crimen organizado
La reforma, aprobada en la Asamblea Legislativa en 2025, abrió la puerta para que nacionales enfrenten procesos judiciales fuera del país, especialmente en jurisdicciones donde operan redes de narcotráfico internacional.
Para Díaz, este avance representa mucho más que un ajuste legal. “Este proceso representa un hito trascendental en la lucha contra el tráfico internacional de drogas”, señaló, destacando que la medida fortalece la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales que operan más allá de las fronteras.
Casos como el del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el de alias “Pecho de Rata” han sido mencionados como ejemplos concretos de la aplicación de esta normativa.
Cooperación internacional y cierre de portillos legales
Uno de los objetivos centrales de la reforma es evitar que la nacionalidad costarricense funcione como un escudo ante la justicia internacional. En esa línea, el fiscal ha reiterado que el cambio busca eliminar vacíos legales que históricamente limitaban la persecución penal.
“Ningún ciudadano podrá usar la nacionalidad costarricense para evadir la justicia”, ha enfatizado en distintas intervenciones públicas, subrayando el enfoque de cooperación con otros países en la lucha contra el crimen organizado.
Impulso político y respaldo en el Congreso
El proyecto tuvo un fuerte respaldo dentro del Congreso, donde la diputada oficialista Pilar Cisneros figuró como una de sus principales impulsoras. Desde su tramitación, la iniciativa fue presentada como una herramienta clave para fortalecer la seguridad nacional.
Tras su aprobación, diversos sectores políticos coincidieron en que la reforma marca un antes y un después en el marco jurídico costarricense, al permitir por primera vez la extradición de ciudadanos nacionales en casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
