Hacienda plantea utilizar SINIRUBE para identificar a las personas que conservarían la tarifa reducida de la canasta básica, mientras expertos e IMAS advierten límites legales para compartir información socioeconómica.
Presentar la cédula al momento de comprar productos de la canasta básica podría convertirse en parte de un nuevo mecanismo para determinar cuánto Impuesto al Valor Agregado (IVA) debe pagar cada consumidor.
El Ministerio de Hacienda analiza utilizar información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) para que las personas en condición de pobreza mantengan una tarifa reducida, mientras otros sectores pagarían un porcentaje superior.
La propuesta, sin embargo, abrió una discusión sobre la protección de los datos personales y hasta dónde podrían conocer los comercios sobre la situación económica de sus clientes.
Hacienda plantea identificar al comprador con la cédula
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó que la intención es aprovechar SINIRUBE para determinar, en el momento de la compra, quién puede acceder al beneficio tributario.
La idea planteada públicamente consiste en que el consumidor se identifique mediante su cédula y que el sistema determine automáticamente la tarifa correspondiente.
Actualmente, los productos incluidos en la Canasta Básica Tributaria están gravados con una tarifa reducida del 1% de IVA. Hacienda analiza modificar este esquema para focalizar el beneficio en hogares de menores ingresos.
SINIRUBE precisamente contiene información socioeconómica utilizada por instituciones públicas para identificar y priorizar hogares en condición de pobreza y pobreza extrema.
Condición económica está protegida por ley
El punto que genera preocupación es qué información tendría que intercambiarse para que el mecanismo funcione.
La Ley N.° 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, establece expresamente que la condición socioeconómica de una persona constituye un dato sensible.
Por esa razón, especialistas advierten que un supermercado u otro establecimiento privado no debería tener acceso directo a información que revele que un cliente está registrado como pobre, pobre extremo o beneficiario de determinados programas sociales.
Mauricio Garro, exdirector de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), señaló que permitir a los establecimientos conocer directamente esa condición podría contravenir tanto la legislación de protección de datos como los objetivos para los cuales fue creado SINIRUBE.
IMAS también pone límites
La presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny Córdoba, recordó que la información socioeconómica contenida en SINIRUBE está protegida por deberes de confidencialidad.
Según explicó al Diario Extra, los intercambios de información del sistema se realizan entre instituciones públicas que cuentan con los respectivos convenios, y el esquema actual no contempla entregar esos datos directamente a establecimientos comerciales privados.
El propio SINIRUBE fue creado como una herramienta para concentrar información socioeconómica y facilitar que las instituciones públicas focalicen sus programas sociales.
Hacienda asegura que supermercados no verían los datos
El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, rechazó que la propuesta implique abrir las bases de datos de SINIRUBE a supermercados u otros establecimientos.
Según explicó, la intención sería que el sistema únicamente responda si una persona califica o no para determinada tarifa, sin entregar al comercio detalles sobre su ingreso, nivel de pobreza o beneficios sociales.
De esta manera, el establecimiento recibiría solamente la instrucción necesaria para aplicar el impuesto correspondiente dentro del sistema de facturación.
Ese diseño sería sustancialmente diferente a permitir que un cajero o una empresa consulte directamente la ficha socioeconómica del cliente.
Todavía no hay una propuesta definitiva
Hacienda reconoce que el mecanismo continúa en etapa de análisis.
Carvajal indicó que todavía se realizan cálculos y se estudian distintas alternativas, incluyendo cómo evitar que una reforma termine perjudicando a la clase media.
Por ahora, no existe un proyecto de ley definitivo que establezca cuánto pagarían los diferentes grupos de ingresos ni cómo funcionaría técnicamente la consulta mediante la cédula.
El objetivo declarado por Hacienda es convertir el tratamiento tributario de la canasta básica en un sistema más progresivo, de forma que el beneficio del IVA reducido se concentre principalmente en quienes poseen menores recursos.
La discusión que queda abierta es cómo hacerlo sin que la búsqueda de una mayor focalización tributaria termine exponiendo información que la legislación costarricense considera sensible.
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