Más de mil mujeres detenidas por llevar celulares a cárceles en Costa Rica
Más de mil mujeres detenidas por introducir teléfonos y drogas en cárceles costarricenses
En el marco del balance anual del Ministerio de Justicia y Paz, se reveló que durante este año 1.047 mujeres fueron arrestadas por intentar ingresar teléfonos celulares y drogas en centros penitenciarios. Esta problemática refleja una tendencia alarmante que afecta tanto a las personas privadas de libertad como a sus familiares y la seguridad del sistema penitenciario.
Perfil de las detenidas y modus operandi
Según los datos proporcionados por Nelson Barquero, director de la Policía Penitenciaria, las mujeres representan el 70 % de los casos de detenciones por contrabando de ilícitos en cárceles, mientras que los hombres suman 514 arrestos.
- Rango de edad: La mayoría de las detenidas tienen entre 20 y 35 años.
- Presiones externas: Muchas de estas mujeres actúan bajo amenazas de grupos criminales, que intimidan tanto a las detenidas como a sus familias.
- Manipulación: En algunos casos, los privados de libertad logran convencerlas de que estas acciones no son punibles, apelando a su desconocimiento de la ley.
El director Barquero indicó que este comportamiento está siendo objeto de un estudio para comprender mejor las circunstancias detrás de estas actividades ilegales.
Resultados de los operativos: celulares y drogas en cifras
A lo largo del año, las autoridades penitenciarias han logrado decomisar:
- 7.057 teléfonos celulares
- Más de 9.000 chips telefónicos
Estos hallazgos son el resultado de los operativos diarios realizados dentro de los centros penitenciarios. Además, se reportaron decomisos de drogas que suelen estar vinculadas al ingreso de dispositivos electrónicos.
Protocolo para mujeres en situación de vulnerabilidad
El Poder Judicial presentó recientemente un protocolo que busca ofrecer medidas alternativas a la prisión para mujeres condenadas a penas de hasta tres años por ingresar drogas a los centros penitenciarios.
Juan Carlos Arias, viceministro de Justicia y Paz, destacó que esta iniciativa responde a la creciente participación de mujeres en actividades relacionadas con el crimen organizado, muchas veces debido a condiciones de vulnerabilidad.
- Objetivo del protocolo: Evitar la privación de libertad para mujeres que sean jefas de hogar o que enfrenten situaciones críticas que las lleven a cometer estas faltas.
- Impacto social: “Enviar a prisión a una mujer en estado de vulnerabilidad perpetúa un ciclo de pobreza y abandono familiar, además de dificultar su reinserción social”, subrayó Arias.
Este enfoque busca abordar el problema desde una perspectiva integral, brindando una oportunidad de rehabilitación y apoyo social a quienes han caído en estas situaciones.