Más de 50 mujeres condenadas en 5 años por contrabando en cárceles
Redacción
Publicado: enero 15, 2025
El preocupante aumento de mujeres involucradas en el ingreso de drogas a cárceles
En los últimos cinco años, un total de 56 mujeres fueron condenadas en Costa Rica por intentar introducir drogas en centros penitenciarios. Esta cifra, equivalente a un promedio de 11 casos anuales, revela una problemática creciente que afecta tanto a las instituciones como a las comunidades más vulnerables.
Un patrón alarmante: estadísticas y contexto
Según datos del Instituto Nacional de Criminología, hasta el 6 de enero de 2025, 23 mujeres están recluidas en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling por delitos relacionados con el ingreso de estupefacientes a prisiones. Esta cifra es representativa de un fenómeno más amplio, ya que el 67% de las personas sorprendidas introduciendo objetos ilegales, como teléfonos móviles y drogas, son mujeres.
Nelson Barquero, subdirector de la Policía Penitenciaria, reveló que en 2024 se detectaron 1.047 intentos de ingreso de ilícitos a los centros penitenciarios. «Estos datos están siendo utilizados para estudios que buscan entender el perfil y las motivaciones detrás de estos actos», afirmó.
Motivaciones detrás del delito
Barquero explicó que la mayoría de las mujeres involucradas tienen entre 20 y 35 años y suelen actuar bajo presión. Muchas son amenazadas por organizaciones criminales que ponen en riesgo su seguridad o la de sus familias.
Otra situación recurrente es la manipulación psicológica por parte de los reclusos, quienes las convencen de que introducir objetos ilegales no constituye un delito grave. Este desconocimiento o engaño las lleva a involucrarse en actividades delictivas.
Impacto social y el ciclo de la vulnerabilidad
El viceministro de Justicia y Paz, Juan Carlos Arias, subrayó el impacto social de este fenómeno, especialmente en mujeres en estado de vulnerabilidad. «Cuando una mujer es encarcelada, sus hijos quedan en situación de abandono, lo que perpetúa un ciclo de exclusión social. Además, los antecedentes judiciales dificultan su reinserción laboral y comunitaria», indicó.
Este contexto no solo afecta a las mujeres, sino también a sus familias y comunidades, reforzando las dinámicas del crimen organizado y aumentando la presión sobre el sistema penitenciario.
Hacia una solución integral
Las autoridades han señalado la necesidad de políticas públicas que combinen educación, apoyo psicológico y medidas de prevención para enfrentar este problema. Además, se están desarrollando estudios para comprender mejor las causas y ofrecer soluciones basadas en evidencia.
