Marta Esquivel se prepara para su declaración en el Caso Barrenador
Redacción
Publicado: septiembre 27, 2024
Este viernes por la tarde, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), tiene programado comparecer ante el juez en el marco del Caso Barrenador. Junto con su equipo de defensa, presentará sus argumentos en una audiencia clave para su situación legal. La audiencia de medidas cautelares, que lleva ya cuatro días, también involucra a otras ocho personas investigadas, entre ellas Marielos Gutiérrez, Zerith Rojas y Jorge Porras.
Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público realizaron el 23 de septiembre una serie de allanamientos, revelando posibles irregularidades en la adjudicación de 138 Equipos Básicos de Atención Integral (Ebáis) a cooperativas. Esta investigación es conocida como Caso Barrenador.
En las audiencias previas, la Fiscalía ha solicitado varias medidas cautelares contra los imputados, como la prohibición de salir del país, la entrega de pasaportes y la firma mensual ante las autoridades. También se busca limitar el contacto con 11 testigos clave del caso, como medida preventiva para evitar posibles influencias o intimidaciones.
El abogado Rodrigo Araya, quien representa a Jorge Porras, uno de los acusados, señaló que durante las audiencias los imputados han presentado diversas explicaciones sobre las decisiones que llevaron a las adjudicaciones bajo investigación. Araya también confirmó que Esquivel ya ha solicitado su derecho a declarar y que su defensa expondrá más argumentos en su favor.
Por otro lado, el director del OIJ, Randall Zúñiga, informó recientemente sobre la eliminación de 380 archivos vinculados a la investigación. Este hecho ha generado preocupación entre las autoridades judiciales, ya que podría afectar el desarrollo de las pesquisas en curso.
El proceso, que se espera concluya la próxima semana, ha generado un intenso debate sobre la participación de las cooperativas y organizaciones sociales en el sistema de salud pública costarricense. Según Roberto Quirós, otro de los investigados, desde 1987 Costa Rica ha permitido la participación de diversas organizaciones para ofrecer servicios eficientes a la población, y aseguró que este modelo nunca ha significado una privatización de los servicios de salud.
