Fiscalía revisará uso de abogados públicos tras denuncia de Marta Esquivel
La Contraloría General de la República decidió reservar para los tribunales su respuesta a una denuncia presentada por la diputada Marta Esquivel, quien cuestiona que profesionales jurídicos de la institución representen a seis funcionarios señalados individualmente en un proceso judicial.
El caso coloca ante el Ministerio Público una discusión concreta: determinar si esa asistencia legal estaba amparada por las normas institucionales o si implicó destinar servicios pagados por el Estado a intereses particulares.
La denuncia está dirigida contra la contralora general, Marta Acosta, y cualquier otra persona funcionaria cuya eventual participación sea determinada durante las diligencias. La presentación del documento no demuestra la comisión de un delito ni establece responsabilidad penal.
Fiscalía deberá definir los límites de la representación institucional
Esquivel sostiene que dos profesionales de la División Jurídica asumieron inicialmente la representación de la Contraloría dentro de un expediente tramitado ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
El cuestionamiento surgió porque esos mismos servicios habrían sido extendidos a seis trabajadores demandados como personas físicas dentro del proceso.
La legisladora considera que la asesoría institucional debe proteger los intereses propios del órgano contralor, pero no necesariamente cubrir una eventual responsabilidad individual de sus funcionarios. Esa interpretación deberá ser examinada por la Fiscalía junto con las disposiciones internas utilizadas para autorizar la representación.
El escrito menciona como posible calificación jurídica el peculado de servicios, contemplado en el artículo 361 del Código Penal. No obstante, corresponde al Ministerio Público decidir si los hechos descritos encajan en ese delito o en alguna otra figura.
Entre las diligencias solicitadas se encuentran la revisión del expediente judicial, una circular interna de la Contraloría y la documentación relacionada con el nombramiento de los abogados. También se pide establecer si existió algún perjuicio económico para el erario.
Contratación de áreas de salud figura como antecedente
La controversia judicial se originó después de actuaciones vinculadas con la contratación de operadores para diez áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Ese procedimiento derivó en revisiones administrativas y posteriormente en una demanda ante la jurisdicción contenciosa, donde aparecen como partes el Estado, la Contraloría y los seis funcionarios cuestionados.
La denuncia presentada por Esquivel no busca resolver nuevamente la contratación de los servicios de salud. Su reclamo se concentra en la forma en que se financia y organiza la defensa jurídica dentro del proceso posterior.
Contraloría descarta discutir el caso públicamente
La Contraloría calificó la denuncia como una nueva acción contra la jerarca, sus funcionarios y la institucionalidad.
La entidad evitó responder públicamente si sus abogados pueden representar a trabajadores demandados en forma personal y señaló que expondrá su posición únicamente mediante los procedimientos correspondientes. El pronunciamiento fue confirmado por distintos medios este 21 de julio.
Hasta ahora no se ha informado si el Ministerio Público asignó un número de causa, abrió formalmente una investigación o dispuso diligencias iniciales.
El avance del caso dependerá de la revisión fiscal y de la documentación que permita establecer si la actuación jurídica cuestionada tenía respaldo normativo o si produjo una utilización indebida de servicios institucionales.
