Magistrados reconocen que aprobaron Plan Fiscal creyendo que no tocaría sus incentivos
La rebeldía para no cumplir con la Ley en el Poder Judicial continúa y ahora desestiman a la Contraloría General de la República
Dylan Gomez
Publicado: enero 9, 2020
Luego de más de un año de su aprobación en la Asamblea Legislativa, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), sigue causando polémica gracias a los sindicatos y jerarcas de diferentes entidades estatales que pegan el grito al cielo para ser tratados diferentes y no cumplir con la Ley.
Uno de los casos más sonados al respecto es el de los propios magistrados de la Sala Constitucional decidieron unilateralmente que esta Ley no aplica para el Poder Judicial y simplemente dejaron todos sus pluses salariales tal cual ya estaban previo a la aprobación de la nueva Ley, algo que causó mucha indignación y la misma Contraloría General de la República ordenó que no había institución estatal exenta de cumplir con lo dicho por el plan fiscal.
Ley fiscal para todos, menos para el Poder Judicial
Como si fuese poco, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, interpuso el jueves anterior un recurso de revocatoria para hacer caso omiso a la orden emitida desde la Contraloría alegando que tal entidad no cuenta con el poder jurídico para ordenarle al Poder Judicial qué hacer y cómo hacerlo.
En un intento de justificar el porqué no d deberían de aplicar la Ley Fiscal en todo el Poder Judicial, Cruz aseguró que para hacerlo deberán reestructurar toda su estructura de pagos, que les tomaría muchos meses y con recursos que afirma no tienen, por lo que se atrevió a decir que aplicar la Ley para controlar sus pluses “le saldría más caro al Estado que no hacerlo”. Además, los magistrados reconocen que aprobaron el Plan Fiscal creyendo que no afectaría financieramente a los empleados del Poder Judicial.
“Como se ha indicado la ejecución del acto en mención, implica según los criterios técnicos, realizar ajustes en los sistemas de información y los cálculos salariales para 15.301 personas para 12.596 puestos existentes en el Poder Judicial (…). En razón de lo anterior, una implementación apresurada y contraria a la técnica de las modificaciones internas para la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, podría llegar a implicar un despilfarro de fondos públicos, pérdida de confiabilidad de la información o una gestión ineficiente en el trámite de pago de los derechos laborales de los servidores y servidoras del este Poder de la República (…) la Sala recuerda que la afectación al sueldo de los funcionarios judiciales incide en la independencia judicial, siendo que la Sala resolvió en ese voto que no tenía elementos para considerar que esta llegaran a afectar a tal grado el sustento financiero de los funcionarios judiciales ”, reza el documento emitido por la Corte.
