San José — Cuatro magistrados del Poder Judicial costarricense acumulan en conjunto ¢99.360.013 en vacaciones sin disfrutar, según datos oficiales de la institución. Si cualquiera de ellos se jubila, renuncia o es despedido con responsabilidad patronal, esa suma tendría que pagarse de un solo golpe al erario. Es un pasivo laboral que ninguna quiebra amenaza pero que refleja una disfuncionalidad estructural que va más allá de los números.
Los cuatro magistrados y lo que acumulan
El magistrado presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre Gómez, encabeza la lista con 154 días de vacaciones sin tomar, a los que correspondería una liquidación de ¢31.025.471. Le sigue Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de la Sala Primera, con 137 días y ¢25.027.694 pendientes. Jorge Arturo Araya García suma 153 días y ¢20.892.461, mientras que Luis Fernando Salazar Alvarado llega a 136 días y ¢22.414.387.
La institución aclaró que las vacaciones son un derecho irrenunciable por ley y que solo se pagan en efectivo cuando termina la relación laboral. «En casos de ruptura laboral por cualquier causa, la persona tiene derecho a que se le liquiden los saldos de vacaciones pendientes de disfrute», indicó el Poder Judicial. El trabajador dispone de un año para reclamar ese pago; de lo contrario, el derecho prescribe.
El caso extremo: nueve meses sin descansar
Los magistrados no son los únicos con este problema. Según registros al 13 de marzo de 2026, el mayor saldo de vacaciones acumuladas en el Poder Judicial corresponde a un juez 5 de apellido Madrigal, del Tribunal Contencioso Administrativo, con 268 días sin disfrutar. Eso equivale a casi nueve meses de trabajo consecutivo sin un solo día de descanso formal.
En la lista aparecen jueces, fiscales, técnicos judiciales y custodios con más de cien días acumulados, lo que dibuja una institución donde el descanso es sistemáticamente postergado en todos los niveles de la jerarquía.
Por qué no vacacionan: un sistema que se come a sus funcionarios
La presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Adriana Orocú, describió el fenómeno como multicausal. Hay jueces con casos complejos que no pueden dejar a medias, coordinaciones institucionales imposibles de pausar y, sobre todo, una escasez crónica de personal sustituto. «Hay una autolimitación porque muchas veces no hay posibilidades de sustitución», explicó.
El secretario del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Jorge Cartín, apuntó al mismo problema desde otra perspectiva: muchos funcionarios evitan salir porque saben que al regresar encontrarán el trabajo acumulado. «Se genera un círculo vicioso», señaló.
La Ley Marco de Empleo Público añade una capa adicional de presión. Según Orocú, bajo esa normativa las vacaciones no disfrutadas pueden perderse, lo que coloca al trabajador en una situación paradójica: si no vacaciones, pierde el beneficio; si vacaciones, regresa a una carga mayor.
El costo que todos pagan aunque nadie lo vea
La presidenta del Colegio de Psicólogos, Ivannia Serrano, puso el problema en términos que van más allá de las finanzas institucionales. «Las vacaciones no son un lujo, son una necesidad fisiológica y psicológica. Cuando una persona trabaja sin pausa por meses o años puede aumentar significativamente el riesgo de burnout, deterioros cognitivos y problemas para tomar decisiones», señaló.
La preocupación no es abstracta: los magistrados y jueces que acumulan ese nivel de agotamiento son las mismas personas que resuelven casos penales, civiles, constitucionales y laborales que afectan directamente la vida de miles de ciudadanos. «Un trabajador que descansa devuelve mayor creatividad, empatía y eficiencia. La salud mental de quienes administran justicia impacta directamente en la calidad de la democracia», afirmó Serrano.
La psicóloga y criminóloga Eyling Jaenz Donaire reforzó esa advertencia con un diagnóstico concreto: «Funcionarios con este nivel de sobrecarga pueden desarrollar burnout. Se recomienda tomar vacaciones al menos dos veces al año.»
El costo fiscal de los ¢99 millones pendientes es real pero acotado. El costo de un sistema judicial operando con funcionarios exhaustos, en cambio, no aparece en ningún balance contable.
