El caso del homicidio de un estudiante ocurrido en Liberia, Guanacaste, continúa generando conmoción en el país. En medio de la investigación que desarrolla el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la madre del joven señalado como principal sospechoso decidió hablar públicamente sobre el momento en que su hijo fue entregado a las autoridades.
El presunto responsable, un joven de 19 años, es investigado por el delito de homicidio calificado tras la muerte de un compañero de colegio, un hecho que sacudió a la comunidad educativa y a los vecinos de la zona.
Según explicó la mujer en declaraciones brindadas a Noticias Repretel, ella misma tomó la decisión de entregar a su hijo cuando se presentó el operativo policial. Sin embargo, antes de que los agentes llegaran a la vivienda, hizo una solicitud específica a las autoridades.
“Yo les dije a los del OIJ que yo se los iba a entregar, pero que no llegaran violentos. Yo sé cómo era él; era un muchacho pasivo, pero en ese momento de ira cometió eso”, relató.
Una decisión difícil para la familia
La madre aseguró que la determinación de colaborar con las autoridades no fue sencilla, pero consideró que era lo correcto ante la gravedad de lo ocurrido. Según expresó, aunque comprende el dolor que atraviesa la familia de la víctima, también vive su propio proceso de angustia por la situación de su hijo.
“Yo se los entregué, como madre que uno tiene que entregar a sus hijos, ¿no? Yo no iba a tolerarle eso tampoco. Sé que la otra familia está sufriendo mucho, pero a mí también me duele lo que está pasando con mi hijo”, afirmó.
El caso ha generado un fuerte impacto en Liberia, especialmente por tratarse de jóvenes vinculados al entorno estudiantil. La situación reavivó discusiones sobre la violencia entre adolescentes y la importancia de detectar conflictos a tiempo dentro y fuera de los centros educativos.
Investigación y posibles consecuencias legales
Tras su detención, el joven quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza el proceso de investigación. El expediente se tramita bajo la figura de homicidio calificado, uno de los delitos más graves contemplados en la legislación penal costarricense.
De acuerdo con el Código Penal, este tipo de delito puede conllevar penas que alcanzan hasta los 35 años de prisión, dependiendo de las circunstancias que determine la investigación judicial.
Mientras tanto, el caso sigue bajo análisis del Ministerio Público y del OIJ, instituciones encargadas de reunir las pruebas y esclarecer completamente lo sucedido en este hecho que mantiene consternada a la comunidad de Guanacaste.
