Legisladores alzan la voz: denuncian posibles conexiones del Gobierno con el narco
Redacción
Publicado: octubre 11, 2024
Gobierno bajo la lupa por posibles vínculos con el narcotráfico
La Asamblea Legislativa ha decidido investigar posibles conexiones entre el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves y redes de narcotráfico, tras una moción aprobada por mayoría. Esta decisión se tomó luego de varias denuncias periodísticas que sugieren que el Ejecutivo podría haber mantenido negociaciones con grupos criminales relacionados con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Con 38 votos a favor provenientes de diversos partidos, incluidos el PLN, PUSC, Nueva República, el PLP, Frente Amplio y diputados independientes, la moción fue aprobada. Por otro lado, seis legisladores cercanos al oficialismo votaron en contra, entre ellos Pilar Cisneros y Paola Nájera.
Además de los posibles vínculos, la investigación también se centrará en la respuesta del Gobierno ante la creciente violencia, exigiendo un informe sobre las acciones emprendidas para combatir las estructuras criminales.
Críticas a la estrategia del Gobierno
Los diputados que impulsan la moción no han ocultado su preocupación por lo que consideran decisiones equivocadas en materia de seguridad. Argumentan que la administración Chaves ha tomado medidas que podrían tener efectos negativos, como la construcción de cárceles-carpas, el debilitamiento del Ministerio de Seguridad y la reubicación de la Academia de Guardacostas. También señalan la falta de apoyo a la Policía de Control de Drogas y el Servicio de Vigilancia Aérea.
Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, fue una de las voces más contundentes al cuestionar al Gobierno. “¿Acaso los costarricenses que votaron por Rodrigo Chaves lo hicieron para ser gobernados por un narcogobierno?”, preguntó, sugiriendo que ha llegado el momento de abordar este tema con más seriedad.
Tensiones en la Asamblea
Las reacciones no se hicieron esperar. Legisladores oficialistas respondieron con duras críticas, negando rotundamente las acusaciones. La diputada Pilar Cisneros calificó las afirmaciones como “falsas y ofensivas”, y afirmó que quienes apoyaron la moción deberían “sentirse avergonzados”. Sin embargo, la declaración más polémica vino del diputado Alexander Barrantes, quien advirtió a la oposición que “se las iban a cobrar”.
Estas palabras encendieron el debate. Legisladores de oposición, como Kattia Cambronero y Katherine Moreira, consideraron que los comentarios de Barrantes eran amenazas directas. “Es inadmisible que se utilicen intimidaciones en lugar de argumentos”, afirmó Cambronero. Moreira, por su parte, desafió a Barrantes, diciendo: “Si nos la va a cobrar, que me lo diga de frente. Aquí nadie está manco”.
La moción será revisada por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que evaluará en detalle las acusaciones y la posible relación del Ejecutivo con actividades delictivas en sus próximas sesiones.
