La lucha contra la delincuencia ya perfila el tono del próximo gobierno. A pocas semanas de asumir la Presidencia, Laura Fernández dejó claro que su administración no dará tregua frente al avance del crimen que golpea a distintas comunidades del país.
El anuncio se dio en un momento clave: tras recibir oficialmente sus credenciales como presidenta electa en el Tribunal Supremo de Elecciones. Desde ahí, la futura mandataria aprovechó para enviar una señal política contundente, enfocada en uno de los temas que más preocupa a los costarricenses.
Lejos de un discurso protocolario, Fernández adoptó una postura firme y directa contra quienes están detrás de la violencia. Su mensaje apuntó a frenar el impacto que la criminalidad ha tenido en la vida cotidiana de miles de familias, especialmente en zonas donde la inseguridad ha venido en aumento.
Seguridad como eje central del nuevo gobierno
Más allá de la advertencia, la presidenta electa dejó ver que su estrategia no se limitará a acciones aisladas. Planteó la necesidad de construir una respuesta integral, donde participen activamente los distintos poderes del Estado.
En esa línea, hizo un llamado explícito a los 57 diputados electos para dejar de lado diferencias políticas y sumarse a una agenda común enfocada en seguridad. La intención es avanzar en reformas y decisiones que permitan fortalecer el marco legal y mejorar la capacidad de respuesta ante el crimen.
También insistió en la urgencia de una justicia más ágil y efectiva, señalando que la coordinación entre instituciones será clave para garantizar resultados concretos en el corto plazo.
Un contexto que presiona decisiones rápidas
El mensaje de Fernández no surge en el vacío. Costa Rica atraviesa uno de los periodos más complejos en materia de seguridad de las últimas décadas, con cifras de homicidios que han generado alarma tanto en autoridades como en la ciudadanía.
Entre mayo de 2022 y finales de 2025, el país acumuló más de 3.000 homicidios dolosos, reflejo de una problemática que ha ido escalando y que ahora exige respuestas más contundentes desde el Ejecutivo.
Este escenario ha estado marcado, en gran medida, por el crecimiento de estructuras ligadas al narcotráfico, disputas territoriales y el fortalecimiento de bandas organizadas, factores que han cambiado la dinámica de la violencia en el país.
Lo que viene a partir del 8 de mayo
Con su llegada al poder prevista para el 8 de mayo, Laura Fernández anticipa una administración donde la seguridad ocupará un rol prioritario desde el primer día.
La propuesta de tratar la inseguridad como una emergencia nacional abre la puerta a medidas más agresivas, tanto en el ámbito legislativo como operativo, en un intento por devolver la tranquilidad a los hogares costarricenses y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
