Las Impactantes Palabras de Pilar Cisneros sobre Marta Esquivel
Redacción
Publicado: septiembre 23, 2024
Pilar Cisneros Defiende a Marta Esquivel en Medio de la Controversia
La diputada Pilar Cisneros no ha ocultado su indignación tras la detención de Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien está siendo investigada por la Fiscalía por presuntos sobreprecios en la adjudicación de contratos a cooperativas para la gestión de los Ebais. Junto a Esquivel, otros siete funcionarios de la Caja también fueron arrestados en el marco de esta investigación.
Cisneros, quien ha salido en defensa de Esquivel, se manifestó sorprendida y molesta por los 28 allanamientos realizados y las ocho detenciones, enfatizando que esta situación se origina en un supuesto delito de prevaricato, que implica emitir resoluciones contrarias a la ley. La legisladora argumentó que la resolución cuestionada no fue decisión exclusiva de Esquivel, sino de toda la junta directiva de la Caja, la cual buscaba evitar el cierre de 150 Ebais, lo que habría dejado a cientos de miles de costarricenses sin acceso a atención médica.
Cisneros subrayó que la acción judicial aún no ha sido impugnada ni declarada ilegal, calificando la detención como un abuso de poder. La diputada también destacó que las acusaciones giran en torno a la supuesta manipulación del proceso de adjudicación, donde se argumenta que la junta de la Caja se habría apropiado indebidamente de información sobre un concurso público para la administración de 138 Ebais. Según la Fiscalía, los imputados habrían cancelado un procedimiento de compra que ya estaba listo para su publicación y, en su lugar, instruyeron uno nuevo, manipulando las condiciones a favor de las cooperativas involucradas.
El Ministerio Público ha indicado que las ofertas presentadas por las entidades eran excesivas, resultando en un incremento anual superior a ¢12.400 millones en comparación con el costo actual del servicio. Las autoridades también están investigando la duración de los contratos, ya que la Ley de Contratación Pública establece un plazo máximo de cuatro años, mientras que en este caso se firmó por diez años.
La situación ha generado un gran debate en el país sobre la integridad de los procesos de contratación pública y la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Con la atención puesta en el desarrollo de este caso, muchos esperan una resolución justa que salvaguarde los intereses de la población.
