La mitad de los proyectos aprobados ni siquiera especifican como se van a financiar
Esta situación obliga al estado a cumplir con muchas Leyes y reglamentos para los cuales no tiene presupuesto, provocando más endeudamiento.
No es nada nuevo que las acciones dirigidas desde la Asamblea Legislativa no son las mejores ni las más efectivas, independientemente de los altos salarios que ganan los 57 diputados y todos sus asesores que se suponen deberían aconsejar la dirección de sus proyectos.
Tampoco es nueva la difícil situación económica y fiscal que atraviesan las finanzas del Estado nacional, por lo que se supone que las iniciativas presentadas deberían presentarse considerando este contexto, pero la realidad lamentablemente es muy diferente y tiene como consecuencia obligaciones en el país que no tienen manera de cumplirse.
Diputados sin consideración económica
Según el último Informe del Estado de la Nación publicado el año anterior, cuando la actual legislatura tenía unos 6 meses, el 50% de los proyectos de Ley aprobados en el congreso por los diputados no cuentan con un presupuesto especificado con el que se vayan a financiar, lo que los deja a la deriva sin conocer si se podrá cumplir o no en el futuro cercano.
Por este motivo, se crean muchas leyes y reglamentos que obligan al Estado costarricense a cumplir todo lo que se apruebe y muchas veces no se tiene la capacidad económica para cumplir esto a cabalidad y es obligado a buscar préstamos o financiamientos para poder ejecutarlos.
De mal en peor cada año
Esto representó en el 2018 una disminución en el rendimiento sobre esta medida, pues en el 2017 el 75% de los proyectos aprobados en el plenario si contaban con especificaciones sobre cómo se iban a financiar, un porcentaje muy superior aún al 2016 en el que el 60% fue aprobado sabiendo con qué dinero se iban a soportar sus iniciativas.