La iglesia católica se opone a ley de denuncia de abusos
Iglesia Católica rechaza ley de denuncia de abusos a menores
En una reciente comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica expresaron su oposición a un proyecto de ley que obligaría a diversas organizaciones, incluidas las religiosas, a reportar de manera inmediata cualquier caso de abuso sexual a menores. Esta normativa, identificada como expediente 23.928, ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de las instituciones frente a la protección de la niñez.
Los sacerdotes Mauricio Granados y Ricardo Cerdas argumentaron que cumplir con esta ley podría entrar en conflicto con el derecho canónico y el sigilo sacramental, elementos que, según ellos, son fundamentales para la fe católica. Granados enfatizó que la Iglesia no puede renunciar a este principio sagrado, aun enfrentando posibles repercusiones legales. “El derecho del sigilo sacramental es un espacio que no podemos disponer a nuestra voluntad”, declaró, subrayando la importancia de la confidencialidad en el sacramento de la penitencia.
Una perspectiva de rechazo
Los líderes religiosos no solo manifestaron su desacuerdo con la ley, sino que también la consideraron un ataque a los valores y prácticas de la Iglesia. Según sus declaraciones, la propuesta, promovida por el partido Frente Amplio, representa un desafío a la doctrina católica, especialmente en lo que respecta a la confesión. «El penitente no puede darme permiso de revelar lo que he escuchado porque la promesa de silencio se hace a Dios», afirmaron.
El debate se ha intensificado, con legisladores de partidos ultraconservadores, como Nueva República, apoyando la postura de la Iglesia. David Segura, diputado de esta agrupación, calificó el proyecto como un “acto de odio” y una burla a la fe de los costarricenses. “Si un sacerdote denuncia, quedaría excomulgado automáticamente, y eso no lo vamos a permitir”, agregó.
La voz de los legisladores
No obstante, otros miembros de la Asamblea Legislativa defendieron la necesidad de proteger a las víctimas de abuso. Antonio Ortega, del Frente Amplio, subrayó que “ninguna fe o dogma puede estar por encima del bienestar de la niñez y de las personas con discapacidad”. La diputada Cynthia Córdoba también se unió a este llamado, indicando que la Iglesia tiene una «deuda histórica» con los jóvenes que han sido víctimas de abusos.
La discusión no concluyó con la comparecencia, ya que la propuesta de ley aún no ha sido aprobada en la comisión. Ahora, el futuro del proyecto dependerá de la decisión del presidente Rodrigo Chaves sobre si llevarlo a la discusión legislativa.
Reflexión final
La tensión entre la protección de los menores y el respeto a los principios religiosos continúa generando un debate importante en Costa Rica. A medida que las voces de ambos lados se hacen escuchar, la sociedad observa con atención cómo se desarrollará este conflicto que, en última instancia, afecta a las personas más vulnerables.