San José — El Ministerio de Justicia salió este martes a explicar el alcance real del decreto firmado por la presidenta Laura Fernández el día del traspaso, que ha generado debate jurídico desde su anuncio. La aclaración central: actividades artísticas, literarias y artesanales que durante años se contabilizaban como «trabajo» para el descuento de pena dejarán de serlo.
«El viernes anterior la señora presidenta anunció un decreto que viene a poner orden en el sistema penitenciario y acabar con alcahueterías que se han normalizado desde hace muchos años. El descuento de una pena de prisión se gana trabajando», afirmó el ministro Gabriel Aguilar.
Qué cambia en concreto
El decreto establece dos modificaciones principales. La primera es la redefinición de qué cuenta como trabajo para efectos de reducción de pena: solo las actividades laborales formales dentro del sistema penitenciario calificarán, excluyendo expresamente las artísticas, literarias y artesanales que antes se usaban como equivalentes.
La segunda es el requisito de un tercio mínimo de la condena. Todo privado de libertad deberá cumplir sin excepción al menos un tercio de su pena antes de poder aspirar a un cambio de medida alternativa y continuar el resto de la condena fuera de prisión.
El contexto: la discusión sobre el año carcelario
La explicación del Ministerio llega después de que varios penalistas cuestionaran públicamente el decreto, argumentando que el «año carcelario de 360 días» que anunció Fernández en el estadio ya existía en el Código Penal y que un reglamento ejecutivo no puede modificar lo que establece la ley. La aclaración de Aguilar sugiere que el decreto apunta principalmente a las condiciones para el descuento de pena y las medidas alternativas, no a la duración del año calendario dentro del cómputo penal.
El texto completo del decreto aún no ha sido publicado en La Gaceta al cierre de esta nota, lo que ha dificultado el análisis jurídico independiente de sus alcances reales.
