El futuro de las jubilaciones administradas por la Caja Costarricense de Seguro Social vuelve a encender el debate nacional. Esta vez, el Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) recomienda un ajuste profundo en la forma en que se calculan las pensiones, con el objetivo de frenar el deterioro financiero del sistema.
La propuesta apunta directamente a la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario promedio que recibe un trabajador al jubilarse. Actualmente, quienes se pensionan bajo el IVM obtienen el 60% del promedio de sus mejores 300 salarios reportados. Sin embargo, el Comité sugiere establecer una tasa única que oscilaría entre el 34,98% y el 40,81%, con un promedio cercano al 38%.
En términos sencillos: el monto mensual que recibiría un futuro jubilado sería considerablemente menor que el que otorga el esquema vigente.
¿Por qué se plantea reducir el 60% actual?
El argumento central del Comité es técnico y financiero. Con una prima de cotización del 11,66%, el diseño actual permite que el pensionado reciba aproximadamente 5,1 veces lo que aportó durante su vida laboral. Para el Comité, esa proporción no es sostenible en el tiempo.
La recomendación busca que el beneficio sea más proporcional a lo contribuido. Bajo el nuevo planteamiento, la relación entre aportes y pensión se limitaría a entre 3 y 3,5 veces lo cotizado.
Según explicó Rafael Vanegas, presidente del Comité de Vigilancia, la tasa de reemplazo debe estar alineada con criterios actuariales y con el nivel real de las primas que ingresan al régimen. En otras palabras, el sistema no puede prometer más de lo que técnicamente puede financiar.
El IVM ya consume intereses y parte de su reserva
El debate no surge en el vacío. Las proyecciones originales señalaban que el IVM alcanzaría su primer punto crítico en 2030, cuando empezara a depender de los intereses generados por su reserva para cubrir obligaciones. El segundo punto crítico estaba previsto para 2041, cuando se utilizaría directamente la reserva acumulada.
Pero la realidad se adelantó 16 años.
En 2025, el régimen ya utilizó el 100% de los intereses generados por su fondo y además tuvo que recurrir a recursos de la propia reserva para cubrir pagos. Solo en intereses se emplearon ₡60 mil millones.
Esto implica una señal clara: el fondo dejó de crecer y comenzó a reducirse. La reserva, que actualmente ronda los ₡2,5 billones, sufrió un decrecimiento respecto al año anterior. Si el capital se reduce, también disminuye la capacidad de generar intereses futuros, lo que acelera el desgaste del sistema.
La deuda del Estado agrava el panorama
A este escenario se suma otro factor determinante: la deuda del Gobierno con el régimen.
A mayo de 2025, el Estado adeuda más de ₡769 mil millones al seguro de pensiones, cifra que representa más del 30% del total de la reserva actual del IVM. Además, según se ha reconocido públicamente, no existe un plan de pagos formal acordado entre el Ejecutivo y la Gerencia de Pensiones.
Este componente pesa significativamente en las proyecciones actuariales. De hecho, el eventual colapso del sistema —que se proyectaba para 2047 con la aparición de un déficit imposible de cubrir— también se adelantaría si no se corrige el rumbo financiero.
Impacto directo para futuros jubilados
Si la Junta Directiva de la CCSS adopta la recomendación, el cambio no sería menor. Pasar de un 60% a un rango cercano al 38% del salario promedio significaría una reducción sustancial en el ingreso mensual de quienes se jubilen bajo las nuevas reglas.
Para muchos trabajadores formales, el IVM es la base de su ingreso en la vejez. Una modificación en la tasa de reemplazo obligaría a replantear estrategias de ahorro complementario, como pensiones voluntarias o regímenes complementarios obligatorios.
El ajuste no afecta a los actuales pensionados bajo el esquema vigente, pero sí impactaría a quienes aún están cotizando y eventualmente se jubilarán bajo un nuevo cálculo.
Un debate que apenas comienza
La recomendación del Comité no es una decisión final. Corresponde a la Junta Directiva de la CCSS analizar, discutir y eventualmente definir si modifica la tasa de reemplazo.
Lo que sí es claro es que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte enfrenta un momento decisivo. El uso anticipado de intereses y reservas, sumado a la creciente deuda estatal y al envejecimiento poblacional, coloca al sistema en una encrucijada que exigirá medidas estructurales.
En juego no solo está la sostenibilidad financiera del IVM, sino la estabilidad económica de miles de futuros pensionados en Costa Rica.
