Informe del TSE sobre presuntas irregularidades en la campaña de Rodrigo Chaves: claves del caso
El Ministerio Público incautó este viernes un informe detallado elaborado por la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos (DGREFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Este documento, compuesto por 10 tomos y archivos digitales, investiga supuestas irregularidades financieras relacionadas con la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Documentación y aval judicial
El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, explicó que el informe contiene información sensible obtenida mediante el levantamiento del secreto bancario y tributario. Debido a que entre los investigados figuran miembros de los Supremos Poderes, se requirió autorización previa de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue otorgada el pasado jueves.
Díaz confirmó que el Ministerio Público analizará el contenido para determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia un juicio penal.
Principales imputados en la investigación
El informe señala como imputados al presidente Rodrigo Chaves, al canciller Arnoldo André, y a los diputados Waldo Agüero y Luz Mary Alpízar. La investigación se remonta a diciembre de 2021, cuando el TSE inició indagaciones por posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Chaves a través del fideicomiso “Costa Rica Próspera”.
En junio de 2022, el órgano electoral presentó un informe preliminar que advertía de un “esquema oscuro de financiamiento” basado en estructuras paralelas, algo prohibido por el Código Electoral costarricense.
Esquema de financiamiento bajo la lupa
El fideicomiso “Costa Rica Próspera”, promovido por Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova, fue administrado por la firma ATA Trust Company, propiedad del canciller Arnoldo André. Según el informe, esta estructura recibió donaciones de origen cuestionable, incluidas personas físicas, jurídicas y extranjeras, que no fueron declaradas dentro de las finanzas del partido político.
El TSE también identificó denuncias adicionales, entre ellas:
- Presunta falsificación de firmas.
- Supuesta legitimación de capitales relacionada con donaciones.
- Alerta del Banco de Costa Rica por ingresos sospechosos de fondos, incluido un cheque de ¢100 millones asociado a un joven de 25 años, Lin Hu De Sheng, principal comprador de bonos serie B del PPSD.
Implicaciones políticas y futuras acciones
La investigación, que lleva más de tres años en curso, plantea un desafío significativo para el actual gobierno. El análisis del informe determinará si los hallazgos ameritan elevar cargos formales y avanzar hacia un juicio.
El caso también resalta la importancia de la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y podría derivar en reformas al Código Electoral para evitar futuras irregularidades.