Un reciente informe de la Universidad Nacional (UNA) advierte sobre una intención sostenida del Gobierno de la República por «desmantelar y erosionar» los contrapesos institucionales que sostienen la democracia costarricense. El análisis fue elaborado por el Programa de Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, adscrito a la Escuela de Sociología de la UNA, y destaca una serie de acciones desde el Poder Ejecutivo que comprometen el equilibrio democrático del país.
El documento identifica una constante resistencia del Gobierno hacia los mecanismos de control político, así como una creciente criminalización del trabajo que realizan tanto la oposición como el Poder Judicial. Esta actitud, según el informe, se manifiesta principalmente en tres líneas de acción: ataques directos a los partidos y figuras de oposición, reticencia a los controles constitucionales y penales ejercidos por el Poder Judicial, y cuestionamientos dirigidos a las labores de fiscalización de entidades como la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, especialmente en temas fiscales y de derechos humanos.
“El estilo presidencial tiene como principal objetivo desmantelar y erosionar, progresiva pero seguramente, los controles que ejercen sobre su administración las instituciones horizontales del Estado sea en materia política, económica o constitucional, lo que es una contundente señal de deterioro democrático”, señala el informe de la UNA. Esta afirmación enciende alertas sobre el rumbo institucional que estaría tomando el país bajo una dinámica de concentración de poder en la figura presidencial.
Desde el enfoque de las ciencias políticas, este tipo de comportamiento se enmarca dentro de lo que se conoce como «populismo delegativo». Se trata de una modalidad de ejercicio del poder en la cual el presidente se erige como único representante legítimo de un ente difuso denominado «el pueblo», y en ese rol busca transformar el aparato institucional para adaptarlo a sus propios intereses, reduciendo o anulando los controles que limitan su autoridad.
El informe subraya la importancia de mantener firmes los mecanismos de fiscalización y control, recordando que la solidez democrática depende, en gran medida, de la autonomía de los poderes del Estado y de la existencia de contrapesos efectivos.
La UNA concluye que los signos actuales representan un serio deterioro de la democracia costarricense y llama a la ciudadanía y a las instituciones a no normalizar estas prácticas de erosión institucional.
