Hacienda advierte sobre impacto fiscal de salario global en el MEP
Propuesta enfrenta oposición del Gobierno
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Pública (MEP) se han manifestado en contra de un proyecto de ley que busca incorporar a los educadores al sistema de salario global, argumentando que su implementación representaría un alto costo para el Estado.
La iniciativa, promovida por la diputada liberacionista Sonia Rojas, propone que los docentes que actualmente reciben salario compuesto puedan optar, de manera voluntaria, por la transición al salario global en un plazo de un año.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, alertó que esta medida podría significar un gasto adicional de ¢238.000 millones para las arcas públicas, lo que comprometería la estabilidad financiera del país.
«Cada colón cuenta y debemos ser responsables con las finanzas del Estado. Actualmente, el 20,6% del presupuesto nacional se destina a educación. No podemos hacer chocolate sin cacao, y este proyecto genera un aumento abrupto del gasto. ¿Cómo se financiaría? ¿Con más deuda?», cuestionó Acosta.
Educación respalda el cambio, pero pide gradualidad
Por su parte, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, reconoció la importancia de la transición, pero enfatizó la necesidad de un proceso escalonado para evitar un impacto descontrolado en las finanzas públicas.
«Actualmente, más de 11.000 trabajadores del MEP ya están en el esquema de salario global. Nos gustaría que más funcionarios accedan a este modelo, pero debe hacerse de manera ordenada y paulatina», explicó.
Dilema financiero: ¿es viable la reforma?
La propuesta busca brindar estabilidad y equidad salarial a los docentes, eliminando disparidades en la remuneración. Sin embargo, el alto costo de su aplicación genera un debate sobre la sostenibilidad de la medida.
Mientras algunos sectores consideran que la inversión en educación es prioritaria, otros advierten sobre los riesgos de comprometer recursos sin un plan de financiamiento claro.