Gobierno impulsará por tercera vez proyecto para vender el Banco de Costa Rica
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El Poder Ejecutivo planea presentar la próxima semana un tercer proyecto de ley para promover la venta del Banco de Costa Rica (BCR). La iniciativa, que ha enfrentado rechazo en intentos previos, busca incorporar ajustes que brinden mayor claridad y respaldo al proceso.
Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el nuevo texto propone integrar un organismo multilateral en el proceso de valoración del banco. Este ente podría participar como inversionista o comprador, con el objetivo de garantizar una evaluación justa y transparente de los activos y pasivos de la entidad financiera.
Acosta también indicó que las decisiones finales sobre la venta serían tomadas por los ministerios de Hacienda, Presidencia y Planificación, asegurando una supervisión conjunta de las instancias más relevantes del Gobierno.
Otra de las novedades del proyecto es que se prevé que la venta se realice siguiendo las disposiciones de la ley de compras públicas. Esto busca asegurar que el procedimiento sea regulado y que se minimicen posibles irregularidades.
El ministro señaló que el texto ya fue presentado a los jefes de fracción para su análisis, y que hasta el momento no se han recibido observaciones significativas. Esto podría indicar una mayor apertura al debate en comparación con los intentos previos.
En los dos intentos previos, las bancadas de oposición rechazaron la propuesta debido a lagunas en los textos presentados. Entre las principales críticas destacaron la falta de claridad sobre el proceder de la venta y la ausencia de un esquema que asegurara el uso eficiente de los recursos obtenidos.
Uno de los expedientes anteriores estimó que los activos y pasivos del BCR tenían un valor aproximado de $1.785 millones. Sin embargo, esta cifra fue cuestionada por distintos sectores, quienes exigieron un proceso más riguroso y transparente.
La eventual venta del BCR representa un hito en la política económica costarricense. Si se aprueba, no solo cambiaría el escenario financiero del país, sino que también marcaría un precedente para posibles privatizaciones de otras entidades estatales.
A pesar de los ajustes en el nuevo proyecto, las fracciones opositoras podrían mantener sus reservas, argumentando la necesidad de salvaguardar el control estatal de sectores estratégicos.