El Estado costarricense invierte cerca de ₡194 millones anuales para cubrir los salarios de 30 oficiales de la Fuerza Pública asignados a la protección de residencias de expresidentes y ex primeras damas. La cifra, confirmada por el Ministerio de Seguridad Pública, reactivó la discusión sobre la vigencia y el alcance de este beneficio.
El jerarca de la cartera, Mario Zamora, detalló que los recursos se destinan exclusivamente a labores de custodia en las viviendas de los exmandatarios Oscar Arias, Miguel Angel Rodriguez, Luis Guillermo Solis, Abel Pacheco y Rafael Angel Calderon Fournier.
El resguardo también se mantiene en propiedades privadas vinculadas a Josette Altmann y Karen Olsen Beck.
Un decreto en revisión
Zamora advirtió que, a criterio de la actual administración, el servicio “se ha ido desvirtuando con el paso del tiempo”. La protección a exjefes de Estado está respaldada por un decreto ejecutivo que otorga escolta oficial una vez concluido el mandato.
Actualmente, el presidente Rodrigo Chaves Robles espera el criterio jurídico de la Procuraduria General de la Republica (PGR) para determinar si existe base legal para derogar o modificar esa normativa.
El eventual cambio podría redefinir el alcance del beneficio, ya sea limitándolo en el tiempo o condicionándolo a evaluaciones de riesgo específicas.
Debate sobre equidad y prioridades
Más allá del análisis jurídico, el tema abrió un debate político y social. Chaves señaló que, además del impacto presupuestario, la medida podría generar una percepción de desigualdad, dado que otras personas en condición de riesgo —como víctimas de violencia o ciudadanos bajo amenaza— deben acudir a los tribunales o costear seguridad privada.
El argumento pone en contraste la protección institucional a figuras que ejercieron la Presidencia con la realidad de ciudadanos que también enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
Seguridad de Estado o privilegio revisable
Quienes defienden la escolta sostienen que los expresidentes pueden ser blanco de amenazas derivadas de decisiones adoptadas durante su gestión y que su resguardo responde a una lógica de seguridad de Estado.
Sin embargo, en un contexto de restricciones fiscales y demanda creciente de recursos para seguridad ciudadana, la discusión sobre el uso eficiente del presupuesto público vuelve a tomar fuerza.
La decisión final dependerá del criterio que emita la Procuraduría. Mientras tanto, el tema ya está instalado en la agenda pública y podría marcar un nuevo capítulo en la revisión de beneficios otorgados a altos exfuncionarios.
