Funcionario judicial destituido de su cargo por la “desaparición mágica” de ₡21 millones de la Fiscalía de Heredia
Se le investigan tres procesos disciplinarios en su contra.
Gemeth Zamora
Publicado: agosto 30, 2022
Un funcionario del Poder Judicial de apellido Jiménez, fue destituido de su cargo, debido a que se le investigan tres causas administrativas por la desaparición de más de ₡20 millones, de la Fiscalía Adjunta de Heredia.
De este dinero no se tiene rastro de dónde pueda estar y era parte de la prueba decomisada en diferentes causas penales.
El pasado 28 de julio del 2022, según se dio a conocer, el Consejo Superior del Poder Judicial tomó la decisión del cese de labores de Jiménez, por el proceso número 21-000762-0031-DI.
Además, también solicitaron su despido en los procesos de expedientes, 21-001024-0031-DI y 21-003349-0031-DI, aunque todavía existe la posibilidad de que interponga un recurso de apelación.
Este es el segundo funcionario del Ministerio Público, que es cuestionado por la “desaparición” de los dineros que son decomisados en causas penales relacionadas a la legitimación de capitales y el narcotráfico.
Con respecto al proceso de expediente 21-000762-0031-DI, el Tribunal de la Inspección Judicial, dejó saber que Jiménez recibió al menos ₡9 millones de tres diferentes causas penales, y estos los debía depositar en el Banco de Costa Rica en la cuenta que pertenece al Instituto Costarricense sobre Drogas, sin embargo, el dinero nunca llegó.
Por su parte el Ministerio Público, en las tres causas penales solicitó la desestimación de los casos, pero no se han podido trasladar al Juzgado Penal debido a la pérdida de los dineros.
“Pese a que el Fiscal a cargo del sumario (…) formuló una solicitud de desestimación, la gestión no se ha remitido a la instancia jurisdiccional correspondiente, por cuanto el encausado no hizo entrega del comprobante de depósito bancario a la suma de dinero decomisada”, informó el Tribunal de la Inspección Judicial.
Sin embargo, el abogado de Jiménez fundamentó ante el Consejo Superior que su cliente no tuvo acceso a todos los libros de depósitos y controles de evidencias, ya que fue destituido y esto le impidió su derecho a una defensa material.
“Revocarle el nombramiento, trastorna por completo su presupuesto familiar y el despojarlo del medio de subsistencia representa un deterioro en la calidad de vida de su familia, máxime en estos tiempos tan difíciles por los que está atravesando nuestro país, en el cual es muy difícil conseguir un trabajo”, expresó el abogado de Jiménez.
Además, Jiménez alegó ante el Consejo Superior que se encontraba pasando situaciones difíciles a nivel personal, ya que tuvo problemas en matrimonio de 20 años, enfrentando un proceso de violencia doméstica.
“Pide perdón a la Institución por esas falencias y solicita se le permita subsanarlas y resarcir las omisiones, haciendo una revisión absoluta de todos los documentos o libros de controles y dineros depositados en el 2019, 2020 y 2021, así como demostrar con prueba testimonial los problemas que ocurrían al momento de solicitar un número de cuenta corriente, ya que es el Juzgado Penal el que se las daba, siendo que en ocasiones estaban con numeración errónea, o simplemente iba al banco y la cuenta no estaba habilitada”, expresó Jiménez.
Por su parte el Consejo Superior rechazó el recurso de Jiménez, ya que el investigado pudo solicitar Tribunal de la Inspección Judicial recabar la prueba que consideraba útil y pertinente para contar con ese insumo, ya que el contaba con una medida cautelar de no acercarse a la Fiscalía Adjunta de Heredia.
Asimismo, el Consejo determinó que Jiménez pudo ofrecer prueba testimonial en ese sentido en el momento procesal, pues la medida cautelar en nada le impedía hacerlo.
“Es indudable que el encausado no fue eficiente ni diligente en las funciones que tenía encomendadas, actitud que no se puede tolerar de ninguna forma, máxime analizando las consecuencias que se pudieron generar con su actuar, entre otras, el menoscabo de la transparencia que siempre deben mostrar los funcionarios públicos”, detalló el Consejo.
