Funcionario judicial de Puntarenas es condenado a prisión por tráfico de drogas
Sentenciado por participar en red de distribución de cocaína en Caldera
Redacción
Publicado: abril 30, 2025
Un funcionario judicial adscrito al área administrativa en Puntarenas fue sentenciado a nueve años de cárcel tras aceptar su responsabilidad en delitos vinculados con el tráfico de drogas, específicamente posesión, transporte y venta de cocaína. Los hechos se desarrollaron entre mayo y junio de 2024 en el sector de Caldera, una zona costera clave en la provincia.
Procedimiento abreviado permitió una resolución rápida
El imputado, identificado por su apellido Mendoza, fue procesado junto a otro sujeto apellidado Delgado, quien recibió una condena de ocho años de prisión. Ambos optaron por el procedimiento especial abreviado, una figura legal que facilita una resolución expedita al aceptar los cargos, evitando así el desarrollo de un juicio ordinario.
Este mecanismo es utilizado cuando hay evidencia suficiente y se busca reducir el desgaste judicial. La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos presentó el conjunto de pruebas que sustentó las penas impuestas.
Operación en Caldera: cronología de los hechos
De acuerdo con la acusación fiscal, entre el 26 de mayo y el 15 de junio de 2024, los ahora condenados estuvieron involucrados en actividades de comercialización de cocaína en distintos puntos del sector de Caldera. La información recolectada sugiere que la droga era transportada y ofrecida a diversos compradores, afectando la seguridad local.
Este caso destaca por la participación de un funcionario del Poder Judicial, lo que representa una grave falta a la ética institucional y al deber de probidad exigido a los empleados públicos.
Prisión preventiva mientras se formaliza la sentencia
Mientras la resolución judicial adquiera carácter definitivo, tanto Mendoza como Delgado permanecerán en prisión preventiva, medida que busca garantizar que no exista riesgo de fuga ni entorpecimiento del proceso.
El caso refuerza la importancia de los controles internos dentro del sistema judicial y la necesidad de medidas rigurosas para evitar infiltraciones del crimen organizado en instituciones del Estado.
