Frente Amplio impulsa eliminación de pensiones para expresidentes de la República
Un proyecto de ley presentado por el partido Frente Amplio busca reformar el sistema de pensiones asignado a los expresidentes de Costa Rica. La propuesta, que ya se encuentra en corriente legislativa, plantea una transformación significativa al limitar los beneficios actuales de este régimen.
Objetivo del proyecto: limitar el impacto presupuestario
Restricción de ingresos para los beneficiarios
El proyecto propone suspender las pensiones otorgadas a expresidentes en caso de que estos perciban ingresos superiores a tres salarios base, equivalentes a ₡1.386.600 según los valores establecidos en 2021. También se detendría el pago de la pensión si el beneficiario recibe otras pensiones contributivas, como las otorgadas por la CCSS, el Magisterio Nacional o el Poder Judicial.
El diputado Jonathan Acuña, impulsor de la iniciativa, sostiene que el régimen en cuestión representa un gasto elevado para el Presupuesto Nacional, a pesar de beneficiar a una cantidad muy limitada de personas.
El impacto histórico de las pensiones de expresidentes
Un régimen con décadas de antigüedad
Este sistema de pensiones fue establecido en 1939 con el propósito de garantizar un sustento económico a los exmandatarios tras finalizar su período en el poder. Sin embargo, con el paso del tiempo, su sostenibilidad ha sido cuestionada debido al alto costo que genera.
Para el año 2016, el régimen contaba con 11 beneficiarios, representando un gasto total de ₡518 millones. Entre los años 2007 y 2021, el costo promedio anual ascendió a ₡420 millones, alcanzando una suma acumulada de ₡6.293 millones en ese período.
Proyecciones: un paso hacia la justicia fiscal
La propuesta del Frente Amplio refleja un intento por alinear el sistema de pensiones con los principios de justicia y equidad fiscal. Según Acuña, esta iniciativa podría liberar recursos importantes del presupuesto nacional para redirigirlos a áreas prioritarias como educación, salud y vivienda.
No obstante, el proyecto enfrenta críticas de algunos sectores que argumentan que estas pensiones representan un reconocimiento histórico y simbólico para quienes ocuparon el cargo de presidente.