¡Escándalo! Presidente de la CCSS se entrega tras ser buscada por presunta corrupción en millonario contrato de Ebais
Los operativos se iniciaron desde las 6:00 a.m. como parte de una investigación que involucra a Esquivel y otros altos funcionarios.
Este lunes, la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, se presentó en los Tribunales de Pérez Zeledón después de que las autoridades no lograran localizarla durante una serie de allanamientos en 28 puntos distintos.
Los operativos se iniciaron desde las 6:00 a.m. como parte de una investigación que involucra a Esquivel y otros altos funcionarios, quienes habrían favorecido a varias empresas en la adjudicación de contratos para la administración de Ebais con sobrecostos millonarios.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó que Esquivel se entregó de forma voluntaria, y que junto a ella fueron detenidas otras personas relacionadas con el caso, entre ellos directivos y exdirectivos de la institución, con apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
Una investigación que sacude la CCSS
La investigación, que se sigue bajo el expediente 24-000267-1218-PE, se centra en los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El periodo bajo la lupa corresponde a la Junta Directiva de la CCSS entre febrero de 2023 y julio de 2024.
De acuerdo con la Fiscalía, los imputados habrían manipulado el proceso de contratación para favorecer a ciertas cooperativas en la administración de 138 Ebais. Se acusa a los implicados de anular un proceso de compra que ya estaba listo para ser publicado y diseñar uno nuevo, ejerciendo su influencia para modificar las condiciones del concurso en beneficio de las empresas.
Millonarios sobrecostos y contratos cuestionados
El Ministerio Público reveló que las ofertas presentadas en el proceso de contratación eran excesivamente altas, resultando en un incremento de 12.400 millones de colones anuales en comparación con los costos actuales. Además, se cuestiona que, a pesar de que la ley establece que los contratos no deben exceder los cuatro años, se otorgaron por un plazo de 10 años.
Las áreas de salud afectadas por esta adjudicación incluyen Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, Tibás, entre otras.
La investigación sigue en curso, y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los detalles de esta supuesta red de corrupción que compromete a una de las instituciones más importantes del país.