¡Escándalo de seguridad! 10 mil guardias de seguridad en bares operan ilegalmente

Redacción Publicado: agosto 21, 2024

Una alarma ha sido encendida en Costa Rica tras la revelación de que aproximadamente 10,000 oficiales de seguridad privada están trabajando de manera ilegal. Según la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), este número representa una significativa fracción del personal de seguridad en el país, que opera fuera del marco legal establecido.

Los datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) muestran que, aunque hay más de 26,000 agentes de seguridad privada formalmente inscritos y 526 empresas registradas, numerosos establecimientos prefieren contratar servicios de seguridad no regulados para reducir costos. César Tapia, director ejecutivo de ACES, explica que la razón principal de esta práctica es económica: “Muchos optan por pagar menos y, lamentablemente, esto lleva a que se contrate personal no calificado”, afirma Tapia.

El problema se ve agravado por la falta de capacitación y certificación de los oficiales no registrados. Karol Piedra, experta en seguridad privada, señala que algunos negocios prefieren evitar los gastos asociados a empresas legales, optando por contratar personal interno que no siempre cumple con los requisitos legales. “Muchos establecimientos contratan personal sin los permisos adecuados y sin capacitación, lo que resulta en una seguridad deficiente”, explica Piedra.

Un reciente operativo del Ministerio de Seguridad Pública en el barrio La California reveló que en 14 bares inspeccionados, muchos de los agentes de seguridad carecían de las credenciales necesarias para desempeñar su labor. Esta situación no es aislada y refleja un patrón preocupante en varios negocios, especialmente en el sector de bares.

Piedra destaca que la falta de certificación en estos casos puede llevar a situaciones graves, como la entrada de sustancias ilícitas sin control. “Es común encontrar que estos oficiales no reciben cursos de actualización ni tienen la capacitación necesaria”, agrega.

El costo de contratar empresas de seguridad certificadas varía entre ¢1 millón y ¢2,8 millones mensuales, dependiendo del número de oficiales y el tipo de servicio. En contraste, contratar a un oficial interno puede costar apenas ¢382.000 mensuales, lo que representa una diferencia significativa para los negocios.

Para abordar esta problemática, se está promoviendo una reforma a la Ley 8.395, bajo el expediente 23.539, que busca imponer sanciones a los establecimientos que contraten personal de seguridad no regulado. Esta propuesta pretende fortalecer el control sobre el sector y garantizar que todos los agentes de seguridad operen bajo los estándares legales y profesionales adecuados.

“La ley actual no castiga a los establecimientos que contratan personal no certificado. Necesitamos una legislación que cierre ese vacío y garantice la seguridad de todos”, concluye Tapia.

Con estas medidas, se espera que se pueda regularizar el sector de seguridad privada y asegurar que todos los agentes cumplan con los requisitos legales y profesionales necesarios para proteger adecuadamente a la comunidad.

FUENTE DIARIO EXTRA