Empresario evita revelar quién financió polémicas vallas publicitarias
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La reciente aparición de vallas publicitarias que piden la renuncia de destacados jerarcas costarricenses ha desatado un debate nacional. Geovanni Vásquez Vega, propietario de la empresa Publiex, se encuentra en el centro de la controversia tras negarse a identificar a los responsables de financiar esta campaña.
En las vallas, que se encuentran en puntos estratégicos como la Ruta 27 y la entrada de Circunvalación Norte en La Uruca, se exhiben imágenes de figuras como Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Marta Acosta, contralora general; Carlo Díaz, fiscal general; y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, acompañadas de la palabra “renuncien”.
Esta acción ha generado especulaciones sobre su origen, alimentando el clima de polarización política en el país.
Geovanni Vásquez, dueño de Publiex, negó que su empresa haya financiado o influido en el contenido de las vallas. En un comunicado oficial, Publiex indicó que la contratación se realizó de forma estrictamente privada y que los términos contractuales están protegidos por el marco legal.
“Reiteramos que ningún representante ni directivo de Publiex financió, donó recursos ni tuvo intervención alguna en el contenido o propósito de esta campaña, reafirmando nuestra neutralidad e independencia”, señala el comunicado.
Aunque Vásquez atendió una llamada inicial para dar declaraciones, posteriormente evitó responder más consultas y remitió a su comunicado.
La aparición de las vallas ha generado opiniones divididas entre las distintas fracciones políticas. Diputados de oposición, como Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional (PLN), apuntaron al Gobierno como posible autor intelectual detrás de la campaña.
“Esto es parte de una campaña directa para desgarrar al país. Sabemos que esto es un ataque no solo contra los funcionarios mencionados, sino contra el partido Liberación Nacional”, afirmó Nicolás.
Por su parte, Pilar Cisneros Gallo, jefa de la fracción oficialista, rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como infundadas y parte de una estrategia para desacreditar al Gobierno.
El misterio que rodea la financiación de estas vallas ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en la publicidad política y su influencia en la percepción ciudadana. Este caso pone en evidencia la necesidad de regular con mayor claridad el financiamiento de campañas publicitarias que afectan la estabilidad democrática.