El Ministerio de Justicia ordena eliminar todas las pulperías que operan en las cárceles del país.
Redacción
Publicado: diciembre 4, 2024
El gobierno de Costa Rica ha tomado una medida drástica para erradicar la corrupción dentro del sistema penitenciario: el cierre inmediato de las pulperías en todos los centros penitenciarios del país.
Esta decisión, anunciada este martes 3 de diciembre por la Dirección General de Adaptación Social (DGAS), está respaldada por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, y busca poner fin a actividades irregulares que han comprometido la transparencia del sistema.
Según Alexander Bolaños, director de la DGAS, las pulperías operaban sin los permisos legales necesarios, usando recursos públicos para generar ganancias privadas, lo que violaba los principios de funcionamiento del sistema carcelario.
“No puedo permitir que dentro del sistema penitenciario se dé una actividad ilegal”, afirmó Campos. La medida también responde al uso indebido de electricidad y agua financiada por el Estado, un lujo incompatible con el objetivo de estas tiendas: servir a los reclusos sin fines de lucro.
Desde su creación en los años 70, las pulperías fueron pensadas para ofrecer productos básicos a los privados de libertad.
Sin embargo, informes recientes revelan que algunas de estas tiendas se convirtieron en negocios lucrativos, generando ingresos de hasta 500 millones de colones. Con esta nueva normativa, se espera poner fin a una práctica que, según las autoridades, carecía de toda base legal.
El informe oficial señala que las pulperías también fueron un canal para el ingreso de drogas y teléfonos celulares, lo que constituye una amenaza grave para la seguridad dentro de los centros penitenciarios.
El cierre de estas tiendas representa un desafío para los reclusos, quienes dependían de ellas para acceder a productos básicos. Sin embargo, el ministro Campos aclaró que el sistema penitenciario ya proporciona alimentación, salud, educación y alojamiento a cada persona privada de libertad, con un costo mensual de 1.140 dólares por recluso.
“Existen otras formas de rehabilitación, y estas actividades no son la solución”, aseguró el jerarca a Trivisión.
