EE.UU. deporta a El Salvador a 17 presuntos pandilleros del Tren de Aragua y MS-13
Expulsión de criminales como parte de una operación antiterrorista
El gobierno de Estados Unidos informó este lunes sobre la deportación de 17 presuntos miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13 a El Salvador, como parte de una operación coordinada entre ambos países. La expulsión fue documentada en video y ha sido catalogada por la administración estadounidense como una medida para proteger la seguridad nacional.
El jefe de la diplomacia de EE.UU., Marco Rubio, calificó la acción como una “operación antiterrorista exitosa”, en la que se trabajó junto a El Salvador como aliado estratégico.
El papel de El Salvador en la lucha contra el crimen organizado
Desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador, su gobierno ha intensificado las medidas contra el crimen organizado, lo que lo ha convertido en un referente en la lucha contra las pandillas en la región.
Tras la llegada de los 17 presuntos criminales, Bukele confirmó en la red social X que todos ellos son «asesinos confirmados y delincuentes de alto perfil, incluidos seis violadores de niños», reiterando su compromiso de no permitir que estas organizaciones terroristas encuentren refugio en su país.
Centro de Confinamiento del Terrorismo: el destino de los deportados
Los pandilleros trasladados a El Salvador fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel diseñada específicamente para albergar a miembros de grupos delictivos de alto riesgo.
Recientemente, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó las instalaciones de este penal, en un acto que refuerza la cooperación bilateral en seguridad y la estrategia de Washington de utilizar a El Salvador como un socio clave en la contención del crimen organizado transnacional.
Estados Unidos y la ley de enemigos extranjeros
La deportación de estos criminales se enmarca en la controvertida aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa utilizada históricamente solo en tiempos de guerra.
El presidente Donald Trump ha recurrido a esta legislación para justificar la expulsión de cientos de venezolanos en las últimas semanas, lo que ha generado un intenso debate político y diplomático.
El gobierno de Nicolás Maduro ha condenado estas deportaciones, calificándolas como un “secuestro” de ciudadanos venezolanos y denunciando que han sido enviados a lo que llamó “un campo de concentración nazi en El Salvador”.
Costo de la operación y justificación de la Casa Blanca
La Casa Blanca admitió que pagó aproximadamente seis millones de dólares a El Salvador para albergar al primer grupo de migrantes expulsados bajo esta política.
Según la portavoz Karoline Leavitt, esta suma representa un costo mínimo en comparación con lo que implicaría mantener a estos presuntos terroristas en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos.
El uso de esta medida ha sido fuertemente criticado por sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad y las implicaciones humanitarias de estas deportaciones masivas.