Director de MarViva: ‘’El país retrocedió en su agenda ambiental’’
Jorge Jiménez, afirmó que la decisión de los diputados de aprobar pesca de arrastre: “Conllevará la inminente miseria de los pobladores costeros”.
Redacción
Publicado: octubre 23, 2020
El Congreso aprobó la tarde del jueves en segundo debate el proyecto de pesca de arrastre en el país con una votación de 28 diputados a favor y 18 en contra. Se trata del expediente número 21478, Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica.
Ante la decisión, el director de la Fundación MarViva, Jorge Jiménez, expresó en su cuenta personal de Facebook su descontento y aseguró que el proyecto fue aprobado sin sustento científico.
“Hoy pierde el país, pero sobre todo pierden los habitantes de la costa, que verán su futuro comprometido ante el espejismo de falsas mejoras en empleos e ingresos. Hoy pierden miles de familias de pescadores y empresarios turísticos que verán amenazados sus medios de vida para favorecer a un pequeño grupo de industriales puntarenenses”, escribió Jiménez.
“Los sistemas naturales serán alterados, pero sobrevivirán; lo trágico es que eso conllevará la inminente miseria de los pobladores costeros y la limitación de alternativas de desarrollo para los futuros habitantes. Lamentamos que la Asamblea Legislativa haya aprobado este proyecto, pese a todos los argumentos técnicos, científicos y jurídicos que se han presentado en contra de él”, agregó.
Además, Jiménez, aseguró: “La tragedia mayor la sufrirán los habitantes de las costas, esos mismos que los han en ganado con falsas promesas de empleo y prosperidad. Hoy el país retrocedió en su agenda ambiental y en su obligación de brindar un mejor futuro a los habitantes de las costas”.
El proyecto, permitiría que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) otorgue licencias temporales a pescadores para que exploten el recurso marítimo con técnicas de arrastre mientras se realizan estudios técnicos para sostener la actividad. Esto significa que autorizarán la explotación del recurso mientras se hacen estudios sobre el impacto del daño que la actividad produce.
La práctica había sido suspendida en el 2013 por la Sala Constitucional.
