Una amplia mayoría de diputados ya tiene lista la jugada para devolverle la vida a una ley clave para los agentes judiciales. Con al menos 46 votos asegurados —o incluso más—, el Congreso se encamina a resellar el veto que impuso el presidente Rodrigo Chaves contra el proyecto que permite la jubilación anticipada a los 55 años para los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La propuesta fue aprobada por la Asamblea Legislativa a inicios de este año, pero el Poder Ejecutivo la vetó bajo el argumento de que la norma comprometería la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones del Poder Judicial, además de que violaría el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, estas razones no convencieron a una buena parte del Plenario, que considera justo reconocer el riesgo y desgaste que implica laborar en el OIJ.
¿Qué significa el resello?
El artículo 125 de la Constitución Política permite al Ejecutivo vetar leyes aprobadas por el Congreso, pero también establece que los diputados pueden anular ese veto si consiguen al menos 38 votos a favor. En este caso, ya hay 46 diputados listos para dar ese paso, según trascendió en la Asamblea.
Este proceso no podrá realizarse de inmediato, ya que actualmente el Gobierno tiene el control de la agenda legislativa debido al periodo de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el 31 de julio. Por tanto, se espera que el resello se concrete en agosto, cuando el Congreso recupere el control del temario.
¿Quiénes apoyan el resello?
El respaldo a esta movida legislativa viene de una coalición variada de fuerzas políticas:
- Liberación Nacional (PLN): 19 votos
- Unidad Social Cristiana (PUSC): 9
- Frente Amplio (FA): 6
- Nueva República (PNR): 6
- Diputadas independientes: 5 (Gloria Navas, Johana Obando, Cinthya Córdova, Kattia Cambronero y María Marta Padilla)
- Progreso Social Democrático (PPSD): 1 (Luz Mary Alpízar)
Incluso existe la posibilidad de que se sumen los tres legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP), lo cual elevaría la cifra a 49 votos. Sin embargo, su posición aún está en discusión interna, según confirmó el vocero de esa bancada, Gilberto Campos.
El fondo del debate
La polémica no solo gira en torno a una pensión anticipada, sino a una discusión más profunda sobre el trato que merecen los agentes judiciales que enfrentan diariamente condiciones laborales extremas: crimen organizado, amenazas constantes, desgaste físico y emocional. Para los defensores de la ley, estos funcionarios no pueden ser tratados igual que el resto del aparato público.
Por otro lado, el Gobierno sostiene que el proyecto pone en peligro la estabilidad financiera del sistema de pensiones y se basa en estudios actuariales, aunque algunos legisladores han cuestionado la vigencia y objetividad de esos informes.
El resultado final se conocerá en unas semanas, pero todo apunta a que el Congreso terminará imponiéndose al veto presidencial, una señal clara de que el tema ha logrado unir a distintas fuerzas políticas en una causa común.
