Diputados que no voten proyectos de Ley violan el Código Penal y pueden ser inhabilitados
Al menos 14 legisladores están dispuestos a dejar de aprobar proyectos porque Carlos Alvarado no publica un borrador que está incompleto
Dylan Gomez
Publicado: septiembre 28, 2019
Pese a que 44 diputados habían firmado una consulta constitucional para obligar al gobierno a publicar el borrador de la norma técnica sobre el aborto terapéutico (el cuál no está listo) desde enero y siete meses después sigue sin darse a conocer, desde el 2015 la Sala Constitucional había resuelto que ningún borrador sobre algún reglamento o documento oficial es información publica, por lo que muy posiblemente el recurso de amparo sea rechazado en los próximos días.
Boicot legislativo
Este jueves, como medida de presión al Presidente Alvarado, los mismos 7 diputados fabricistas junto a 2 diputados del PUSC (Óscar Cascante y Shirley Díaz), 2 del PLN (Luis Fernando Chacón y David Gourzong), 2 del PIN (Wálter Muñoz y Patricia Villegas), el republicano Dragos Dolanescu y el independiente Erick Rodríguez, tomaron la decisión de frenar proyectos de Ley beneficiosos para el país.
Los diputados aseguraron que harán un boicot a los proyectos de Ley y los detendrán solo porque Alvarado insiste en firmar la norma técnica para el aborto terapéutico (el cual es legal desde hace décadas), esto porque el Presidente se ha negado a publicar un borrador que ni siquiera ha sido terminado.
Diputados dispuestos a incumplir con sus funciones
Ivonne Acuña, diputada fabricista, fue una de las que participó en este reprochable accionar y le afirmó a todos los costarricenses que detendrán el progreso de proyectos beneficiosos para el pueblo costarricense hasta que no se publique el borrador por parte de Alvarado (quien no está en el país).
“Le voy a hablar por al menos 12 diputados que hemos mantenido esta conversación y estamos dispuestos a dejar de aprobar proyectos que de repente son importantes para el ejecutivo y hemos sido colaborativos pero no hemos sido escuchados”, aseveró Acuña en conferencia de prensa este jueves.
Congresistas vs el Código Penal
A todas luces y literalmente, la diputada Acuña reconoció ante la población que están dispuestos a dejar de cumplir sus deberes como legisladores y responsabilidades propias de su puesto por el que los costarricenses le pagan un salario de ¢4 millones mensuales a cada uno solo para que se cumpla la voluntad de sus ideologías.
Estos actos van totalmente en contra de lo dispuesto en el Código Penal de Costa Rica, ya que en su artículo 332 habla sobre la inhabilitación de cargo públicos a aquellos empleados públicos que adrede incumplan con las funciones para las que fueron contratados:
“Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario publico que ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su función (en este caso, votar proyectos de Ley). Igual pena se impondrá al funcionario publico que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un tramite, asunto o procedimiento, cuanto esta obligado a hacerlo”, establece dicho artículo.
