Diputados avalan proyecto de ley que endurece penas por sicariato: condenas irían de 25 a 40 años
Asamblea Legislativa dictaminara de manera afirmativa un proyecto de ley
Redacción
Publicado: abril 21, 2025
Una respuesta legislativa ante el crecimiento de los homicidios por encargo
El plan, impulsado por la fracción de Nueva República, surge en medio de un contexto alarmante, ya que las autoridades atribuyen aproximadamente el 70% de los homicidios registrados en el último año a ejecuciones por encargo, una modalidad que ha tomado fuerza en el país conforme crecen las estructuras del crimen organizado.
Proyecto busca sancionar a autores materiales e intelectuales
La iniciativa propone incorporar un nuevo artículo, el 112 bis, al Código Penal costarricense. El texto establece penas que van desde los 20 hasta los 35 años de prisión para la persona que, a cambio de un beneficio económico, cometa un homicidio por encargo.
Además, se sancionará con igual severidad a quienes se dediquen a reclutar, adoctrinar o preparar a personas para convertirse en sicarios, ampliando el alcance de la ley a toda la estructura criminal.
Discusión en el plenario abrirá espacio para ajustar penas
Aunque el proyecto fue aprobado en comisión, los legisladores advirtieron que las penas propuestas y algunos aspectos técnicos serán revisados durante su paso por el plenario legislativo, etapa en la que se podrán presentar mociones de fondo para afinar los detalles jurídicos del texto.
El diputado Fabricio Alvarado Muñoz, uno de los impulsores de la propuesta, defendió la necesidad de avanzar en la discusión, argumentando que el país enfrenta una crisis de seguridad pública sin precedentes y que esta herramienta legal es una medida urgente para enfrentarla.
Poderes del Estado divididos sobre la creación del tipo penal
El debate sobre el proyecto no ha estado exento de polémica, especialmente por la introducción de un nuevo tipo penal en lugar de endurecer las penas existentes. Las diferencias de criterio han sido evidentes entre representantes de los tres supremos poderes de la República, quienes han manifestado reservas sobre la técnica legislativa y la proporcionalidad de las sanciones.
A pesar de las diferencias, el consenso dentro de la Comisión fue suficiente para dar el primer paso, trasladando ahora la discusión al plenario.
