Tras semanas de estancamiento legislativo, la Asamblea Legislativa avanzó este martes con el proyecto de ley que permitiría implementar jornadas laborales de 12 horas durante cuatro días, a cambio de tres días de descanso consecutivos. La aprobación de una moción presentada por el Partido Liberación Nacional (PLN) introdujo cambios significativos que fortalecen la protección de los trabajadores.
Uno de los principales ajustes establece que cualquier empresa que desee aplicar este tipo de horario deberá someter la decisión a una votación secreta entre sus colaboradores. Dicha votación deberá realizarse en presencia de representantes del Ministerio de Trabajo o notarios públicos independientes, con el objetivo de garantizar transparencia y legitimidad en el proceso.
La propuesta fue impulsada por el diputado liberacionista Álvaro Ramos, quien defendió la iniciativa como un punto de equilibrio entre las necesidades del sector empresarial y los derechos de los trabajadores. Ramos aseguró que el PLN respaldó el proyecto solo después de añadir medidas que cierran portillos legales y refuerzan la seguridad laboral.
Una vez aprobado el nuevo texto sustitutivo, se abre un periodo de consultas de ocho días antes de retomar la discusión en el plenario legislativo. El proyecto continúa su trámite por la vía rápida.
Cabe señalar que esta jornada extraordinaria no aplicaría de forma generalizada, sino que estaría limitada a empresas con operaciones continuas 24/7, principalmente en zonas francas. El sector público y la mayoría de los trabajadores del régimen privado no estarían incluidos.
Uno de los argumentos que ha impulsado el proyecto es el atractivo salarial. Según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), las compañías ubicadas en zonas francas pagan un promedio de $2.075 mensuales, cifra que supera en casi 1,8 veces el salario promedio del sector privado tradicional, estimado en $1.157. Además, los trabajadores bajo la jornada 4×3 recibirían compensaciones adicionales que oscilan entre un 17% y un 25,5% por la eliminación de horas extra.
El cambio de jornada sería voluntario, e incluiría un periodo de prueba de tres meses durante el cual el trabajador no podría ser despedido por negarse a aceptar el nuevo esquema.
El sector empresarial ha manifestado su respaldo al proyecto. Organizaciones como la Cámara de Industrias, UCCAEP y CRECEX destacan el potencial de la iniciativa para atraer inversión extranjera, fortalecer la seguridad jurídica y elevar la calidad del empleo formal en el país.
