Denuncias por tala ilegal en Costa Rica pueden permanecer engavetadas hasta 12 años
Redacción
Publicado: enero 24, 2025
En Costa Rica, los reportes relacionados con la tala ilegal enfrentan una prolongada demora en su resolución, alcanzando hasta 12 años de espera, según los registros del Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (Sitada) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Esta situación refleja una problemática que afecta la protección de los recursos naturales y el acceso a justicia ambiental.
Expedientes estancados: un ejemplo emblemático
Uno de los casos más representativos es el expediente 250-2013, presentado el 1.º de abril de 2013. Este documento tardó 216 días para llegar a la Fiscalía de Osa y, más de una década después, sigue sin resolverse. La situación no es aislada, ya que 74 denuncias del mismo año permanecen en estado pendiente.
Henry Ramírez Molina, jefe del Departamento de Conservación del Sinac, destacó la complejidad de estos procesos:
«Las denuncias de tala no siempre son prioritarias porque la evidencia puede ser recabada incluso tiempo después del delito. Esto contrasta con otros conflictos, como la cacería ilegal, donde la intervención debe ser inmediata para capturar a los responsables.»
Impacto de los recortes presupuestarios en la gestión ambiental
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) enfrenta serias limitaciones presupuestarias que dificultan las investigaciones y el cierre de expedientes. Según Ramírez, los fondos destinados a la atención de denuncias se ven comprometidos, ya que gran parte de los recursos se recuperan únicamente al finalizar los procesos legales.
«Cuando una denuncia llega a término y se evalúan los daños, los costos administrativos pueden ser recuperados. Sin embargo, los expedientes que no concluyen dejan esos recursos congelados, afectando la capacidad operativa del Sinac,» explicó.
Esta situación subraya la importancia de garantizar recursos adecuados para las instituciones ambientales y agilizar los procesos de investigación.
Avances y desafíos en la justicia ambiental
Luis Diego Fernández, coordinador de la Fiscalía Ambiental, compartió datos alentadores sobre el manejo de casos ambientales. En 2022, de 570 juicios realizados, 208 resultaron en condenas, lo que representa un 40% de efectividad. Este porcentaje se mantuvo en 2023, según Fernández.
Sin embargo, recordó que existen otros mecanismos de resolución, como procedimientos abreviados y suspensiones del proceso, que no siempre culminan en condenas, pero ayudan a descongestionar el sistema judicial.
Hacia una solución integral
La acumulación de expedientes ambientales sin resolver plantea desafíos urgentes para la conservación de los recursos naturales en Costa Rica. Es necesario fortalecer las instituciones responsables y optimizar los procesos legales para garantizar que las denuncias por delitos ambientales reciban la atención que merecen.
FUENTE DIARIO EXTRA
