Un video grabado hace más de tres años volvió a colocarse en el centro de la discusión pública y encendió las alertas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). La institución confirmó la apertura de una investigación preliminar tras recibir múltiples denuncias por una grabación de 2022 en la que una menor de edad emite un mensaje político a favor del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
La niña es hija de Robert Barrantes, conocido en redes sociales como “Robert Junior”, actual candidato a diputado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y figura cercana al oficialismo. El material audiovisual fue difundido originalmente en las plataformas digitales del propio Barrantes y, aunque permaneció sin mayor cuestionamiento durante años, volvió a circular recientemente, generando una oleada de críticas y reclamos ciudadanos.
En el video, la menor expresa respaldo directo al mandatario y lanza comentarios de fuerte contenido político, incluyendo referencias negativas hacia expresidentes. Para muchos usuarios en redes sociales, este tipo de mensajes plantea dudas sobre el uso de personas menores de edad en discursos partidarios, un tema especialmente sensible en el marco de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Barrantes figura en el segundo lugar de la papeleta del PPSO por la provincia de Cartago y es un rostro habitual en actividades públicas y actos de apoyo al Gobierno. Esa cercanía con el poder Ejecutivo ha sido señalada por algunos sectores como un elemento que explica por qué el video no fue objeto de una investigación en su momento, percepción que cobró fuerza tras un caso reciente que involucró a otra figura política.
El detonante del debate fue la decisión del PANI de abrir de oficio una investigación por un video reciente protagonizado por la hija del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos. La comparación entre ambos episodios provocó cuestionamientos sobre una posible aplicación desigual de los criterios institucionales, lo que derivó en una avalancha de denuncias relacionadas con el video de 2022.
Ante esta presión pública, el PANI confirmó que durante los últimos días ingresaron denuncias formales similares, las cuales fueron trasladadas a la oficina local correspondiente para iniciar una investigación preliminar. La institución recalcó que su actuación responde a la recepción de denuncias y no al momento en que el material fue grabado o difundido originalmente.
El caso reabre un debate de fondo en la antesala del proceso electoral: hasta dónde llega la libertad de expresión en el ámbito político y dónde comienza la obligación del Estado de proteger a las personas menores de edad de posibles exposiciones indebidas. También pone bajo la lupa el papel de las redes sociales, que permiten que contenidos antiguos resurjan y tengan impacto político años después de haber sido publicados.
Mientras avanza la investigación, el episodio deja claro que el uso de menores en mensajes políticos, aun cuando ocurra tiempo atrás, puede tener consecuencias legales y éticas en el presente, especialmente en un clima electoral marcado por la polarización y la vigilancia ciudadana.
