Decisión del ICE obliga a apagar siete plantas privadas de generación eléctrica limpia y barata
El Instituto no renovará contratos de compra de energía pues alega caída de demanda. Decisión causó despidos en las plantas Poás I y II.
Redacción
Publicado: diciembre 20, 2020
Una determinación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), obliga al apagado de al menos siete plantas privadas de generación eléctrica limpia y barata, que representan una inversión de alrededor de $47 millones.
Las plantas cerrarán sus puertas porque el ICE, anunció que por tiempo indefinido no les comprará más electricidad, lo que obliga a los empresarios a quedarse sin comprador, indicó una nota publicada por La Nación.
La ley que autoriza a privados la producción de energía es restrictiva, esto quiere decir que solo le pueden vender electricidad al ICE y el Instituto, tiene control sobre los contratos de compra.
A los particulares no se les permite comercializar su energía a un tercero dentro o fuera de Costa Rica.
La resolución del ICE, fue no renovar contratos de compra de energía y dispuso que en caso de ocuparla la producirá con sus plantas térmicas que son movidas por diésel o saldrá a adquirirla a Centroamérica aunque eso signifique tarifas mayores.
Hasta el momento las hidroeléctricas Poás I y II, en Poás de Alajuela, cuyos contratos vencieron en setiembre, apagaron sus turbinas.
También la eólica inaugurada en 1996, PESA (Planta Eólica Sociedad Anónima), ubicada en Tilarán, Guanacaste, cuyo contrato finalizó en noviembre anterior. PESA, fue la primera planta eólica de Latinoamérica, por 24 años aportó electricidad limpia a la matriz energética nacional.
De acuerdo con los lineamientos institucionales del ICE, para el 2021 tampoco se renovarán los contratos de las hidroeléctricas Don Pedro, en San Miguel de Sarapiquí, y Volcán, en Poás, las dos ubicadas en la provincia de Alajuela.
Tampoco se le dará continuidad a los acuerdos con las hidroeléctricas Río Segundo que vence en mayo del 2021 y El Ángel, que vence en noviembre del 2021, también en Alajuela.
La decisión del ICE causó despidos en las plantas Poás I y II. Otra de las consecuencias es el riesgo de perder la inversión.
El Instituto adoptó la decisión como parte de su plan de ahorro para mantener a flote sus finanzas.
Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía (Acope), indicó que no comparte el criterio del ICE. Explicó que se puede usar el costo de inversión que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) considera en sus cálculos tarifarios.
“La referencia unitaria para una planta eólica nueva es de $1.999,27 por kW, y para una planta hidroeléctrica nueva es de $3.980,51 por kW. La planta PESA tenía una capacidad contratada de 19.800 kW (kilovarios), por lo que su reemplazo costaría $39,6 millones. La planta Poás I y II tenía capacidad instalada de 1.942 kW , por lo que su reemplazo costaría $ 7,73 millones”, explicó Alvarado a La Nación.
El director ejecutivo de Acope, citó que la tarifa de la electricidad eólica privada es de $0,058 por kilovatio hora (KWh), como lo establece la Aresep. Un costo “mucho más competitivo”, señaló que los que ha ofrecido el Mercado Eléctrico Regional (MER) de Centroamérica.
La Gerencia de Electricidad del ICE, indicó que el costo de energía de las plantas eólicas privadas no es comparable con la generación térmica local o del MER al mediar en el primer caso un contrato por un tiempo definido.
“Cuando se recurre a las térmicas, se genera solamente por unas horas o en los días más secos del verano, y en el caso del MER, cuando las condiciones lo ameriten”, indicó la entidad.
El ICE, asegura que no renovarle contratos a privados está relacionado con una disminución en la demanda eléctrica desde antes de la pandemia y la reducción afrontada en 2020, estimada en -3,6 % y que tendrá impacto en años venideros.
Bajo ese panorama, afirma el Instituto, se pronostican mayores excedentes de generación y asegura que la producción de fuentes limpias privadas “no es estrictamente necesaria en el corto plazo”.
“Los contratos de compra de energía a generadores privados se firmaron en el marco de una ley específica y por un tiempo determinado. El ICE ha sido respetuoso de ese marco y respalda los plazos de vencimiento de los contratos según las necesidades energéticas del país”, explicó la institución.
Para el próximo año el Instituto prevé una demanda de energía en Costa Rica de 11.249 Gigavatios-hora (GWh) entre los cuales prevé que 96 GWh sean electricidad térmica importada del MER, aunque casi la mitad de la infraestructura nacional de generación está apagada casi siempre.
Además, estima 92 GWh de generación térmica local para consumo interno mientras desiste de plantas privadas de energía limpia obligadas a cerrar.
“Apagar plantas limpias debería ser un último recurso. Hay que desconectar antes las plantas más caras sin importar si son públicas o privadas. Lo que debe guiar es su costo para el usuario final y no una decisión gerencial favorable a una institución o sector”, manifestó Alvarado.
Por si eso fuera poco, hay otra situación: no prosperaron los intentos de los generadores para renegociar los contratos.
Esta negativa, deja a los empresarios atados de acuerdo a la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, número 7200 de 1990 y su reforma de 1995 (Ley 7508) donde se indica que el único comprador posible es el ICE.
