La jerarca de la Contraloría General de la República, Marta Acosta Zúñiga, encendió las alertas sobre el manejo estatal de una de las concesiones más relevantes del país: la Terminal de Contenedores de Moín.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la contralora fue clara al señalar debilidades en la supervisión del contrato operado por APM Terminals.
Señalamiento directo al Estado
Acosta advirtió que existe una “débil fiscalización y supervisión por parte del Estado”, lo que compromete el control sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión.
El señalamiento pone en evidencia vacíos en la vigilancia de un proyecto estratégico para la logística y el comercio exterior del país.
Instituciones bajo presión
Según explicó, la responsabilidad de supervisar esta concesión recae principalmente en la Comisión Nacional de Concesiones y en la JAPDEVA.
No obstante, ambas entidades enfrentan limitaciones importantes, especialmente en recurso humano, lo que reduce su capacidad de control y seguimiento.
Impacto en la gestión del contrato
La contralora advirtió que estas debilidades inciden directamente en la forma en que el Estado fiscaliza el contrato, lo que podría afectar la correcta ejecución de la concesión.
El tema cobra relevancia debido al peso estratégico de la terminal en la economía nacional, particularmente en el manejo de carga portuaria.
Debate sobre el modelo de concesión
Las declaraciones reavivan la discusión sobre la capacidad institucional del país para supervisar proyectos concesionados de gran escala.
El señalamiento abre un nuevo frente de análisis sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para garantizar que este tipo de contratos se ejecuten conforme a lo establecido.
