Debate en la Asamblea: dudas sobre el proyecto contra capitales emergentes
Redacción
Publicado: marzo 12, 2025
Ley avanza, pero se someterá a nuevas consultas
El proyecto de ley que busca regular los capitales emergentes sigue avanzando en la Asamblea Legislativa, aunque no sin oposición. Este martes, los diputados aprobaron un informe de mayoría sobre la iniciativa, la cual ha generado preocupación en cuatro fracciones parlamentarias.
La propuesta modifica la Ley contra la Delincuencia Organizada y permitiría al Estado congelar bienes de personas cuando se detecten incrementos patrimoniales sin causa lícita aparente. Sin embargo, varias bancadas temen que la normativa pueda afectar a ciudadanos y empresarios sin vínculos con actividades ilegales.
Un proyecto en la mira: ¿extinción de dominio encubierta?
Los diputados de Progreso Social Democrático, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Liberal Progresista han manifestado su desconfianza respecto al alcance del proyecto. Según argumentan, la iniciativa es una «extinción de dominio encubierta» que podría afectar a pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores, al dar margen para confiscar bienes sin una denuncia formal.
Pilar Cisneros, del oficialismo, sostuvo que es necesario modificar el texto antes de su votación final.
“Muchas voces nos han advertido los riesgos de esta propuesta. Lo que recomendamos es devolverlo a la Comisión de Constitucionalidad por 30 días, hacerle las correcciones necesarias, pero protegiendo los derechos del resto de la población. No estamos en contra”, expresó Cisneros.
Por su parte, el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, alertó sobre los peligros de otorgar tanto poder a la Fiscalía sin la necesidad de una denuncia previa.
“Este proyecto puede afectar las garantías de todos los costarricenses. En estos tiempos de politización de la justicia, eso es peligrosísimo. Por mera sospecha se podrían congelar cuentas. Es una extinción de dominio solapada”, señaló Feinzaig.
Mayoría legislativa apoya la medida
A pesar de las preocupaciones expuestas, la mayoría de los diputados respaldó el informe sin realizar modificaciones al texto.
El legislador Jonathan Acuña, del Frente Amplio, argumentó que el proyecto no busca perseguir a ciudadanos comunes, sino atacar el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito sin justificación aparente.
“Esto no afectará a las personas decentes, sino a esas que no andan en cosas buenas, los que lavan plata, los que andan ligados al narcotráfico y de un pronto a otro, de la noche a la mañana, aparecen con dos carros de lujo, tres apartamentos y no les dan los ingresos.
El Ministerio Público no va a congelar antojadizamente a la gente que la pulsea o al tramero que vende verduras. No es una cacería de brujas”, defendió Acuña.
Consulta a instituciones antes de la votación final
Aunque el informe fue aprobado, el proyecto aún no entrará en votación definitiva. Antes de ello, se consultará a varias entidades clave para analizar su impacto y constitucionalidad.
Las instituciones que deberán pronunciarse en un plazo de ocho días hábiles incluyen:
- Corte Suprema de Justicia
- Contraloría General de la República
- Instituto Costarricense sobre Drogas
- Fiscalía General de la República
- Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
- Ministerios de Hacienda, Seguridad Pública y Justicia
Una vez finalizadas estas consultas, el texto será sometido a votación en el Plenario, donde se decidirá si se convierte en ley.
