De los elogios a la confrontación: la escalada de ataques de Rodrigo Chaves contra el fiscal general
Un cambio radical en el discurso
El presidente Rodrigo Chaves Robles pasó de alabar al fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, asegurando que tenía «el corazón en el lugar correcto», a lanzar críticas constantes y hasta promover una marcha en su contra.
Durante su programa televisado del pasado miércoles, Chaves anunció su posible asistencia a la manifestación convocada para el martes 18 de marzo.
«No les voy a decir si tienen que venir a San José o no, pero si la gente piensa lo mismo que yo del fiscal, con suerte me aparezco también (…) No sé cuánta gente va a ir, doña Pilar Cisneros iba a ir. Yo lo estoy pensando», declaró el mandatario.
Sin embargo, la relación entre ambos no siempre estuvo marcada por las tensiones. Al inicio de su gestión, Chaves mostraba respeto por el fiscal general, pero todo cambió cuando la Fiscalía avanzó en diversas investigaciones penales contra él y miembros de su gabinete.
Presiones sobre el Poder Judicial
Las presiones de Chaves sobre la Fiscalía se remontan a junio de 2022, cuando aún no se había designado a un fiscal general. El 16 de ese mes, el mandatario visitó la Fiscalía para conocer detalles sobre cinco expedientes en su contra, lo que generó cuestionamientos sobre una posible injerencia en el Ministerio Público.
Cuatro días después, el 20 de junio, Chaves visitó la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en la importancia de nombrar rápidamente al fiscal general y sugiriendo el perfil que debería tener la persona elegida.
«Esta insigne institución no debe permitir que personas y grupos malintencionados continúen utilizando la Fiscalía como un arma para disparar intereses canallas», afirmó en aquella ocasión.
Un nombramiento clave y reuniones privadas
El 31 de octubre de 2022, Carlo Díaz fue designado como fiscal general con el apoyo de 15 de los 22 magistrados de la Corte Suprema. La primera reunión entre ambos se llevó a cabo el 21 de diciembre, de forma privada y sin previo aviso en la agenda presidencial.
En este encuentro también participaron altos jerarcas del gobierno, incluyendo al ministro de Justicia, Gerald Campos, y al entonces ministro de Seguridad, Jorge Torres. Sin embargo, no se levantó acta oficial ni se permitió el acceso a la prensa, lo que generó dudas sobre el contenido de la conversación.
El 2 de febrero de 2023, en una comparecencia ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, el fiscal general aseguró que el Ministerio Público mantendría su independencia y que no permitiría ninguna injerencia política.
De los elogios a los allanamientos
A inicios de 2023, Chaves aún expresaba confianza en Díaz. El 25 de enero, destacó que el fiscal general «tenía el corazón en el lugar correcto» y se mostró optimista sobre su gestión. Sin embargo, todo cambió en agosto, cuando la Fiscalía realizó un allanamiento en el bufete Lexincorp, vinculado al canciller Arnoldo André Tinoco.
Este operativo se enmarcó en la investigación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Desde entonces, las tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público fueron en aumento.
La ruptura definitiva
En octubre de 2023, la relación entre Chaves y Díaz se fracturó por completo. El gobierno exigió que el Ministerio Público presentara una «política pública de investigación penal», a lo que el fiscal respondió que la Fiscalía es independiente y no tiene la obligación de rendir cuentas al Poder Ejecutivo.
Días después, el 5 de octubre, Díaz cuestionó la falta de apoyo del gobierno a las instituciones encargadas de la seguridad y la persecución penal.
«No se propuso ni siquiera darle una bicicleta a la Fuerza Pública, tampoco se le ofreció nada al OIJ y mucho menos al Ministerio Público. Evidentemente, hacen falta recursos», enfatizó.
El allanamiento por Parque Viva: el punto de quiebre
El 15 de septiembre de 2024, la Fiscalía General realizó un allanamiento en el Ministerio de Salud, como parte de una investigación por el cierre de Parque Viva, donde figuran como imputados Chaves, la exministra Joselyn Chacón y el exministro Luis Amador.
La respuesta del mandatario fue inmediata y airada, acusando a la Fiscalía de estar politizada y de actuar en su contra.
Caso Barrenador: una nueva ola de ataques
El mismo mes, se destapó el escándalo del caso Barrenador, sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la administración de Ebais. La detención de Marta Eugenia Esquivel, presidenta de la CCSS y aliada clave de Chaves, agravó la confrontación.
El mandatario utilizó su espacio televisivo para lanzar advertencias: «Estén listos, porque Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar. Yo y mi gabinete estamos dando la cara y vamos a poner el pecho».
Investigaciones por financiamiento de campaña
En enero de 2025, la Fiscalía secuestró un informe del Tribunal Supremo de Elecciones que reveló posibles delitos en la captación de fondos para la campaña de Chaves. Se señala la existencia de estructuras paralelas de financiamiento, lo que podría acarrear penas de hasta seis años de prisión para los implicados.
Ataques sistemáticos y vigilancia sospechosa
Desde entonces, Chaves ha dirigido críticas constantes hacia el Poder Judicial y, en particular, contra Carlo Díaz. Se han denunciado seguimientos sospechosos al fiscal, lo que sugiere la posible existencia de una estructura paralela para vigilar a opositores al gobierno.
Las próximas semanas serán clave para determinar hasta dónde escalará este conflicto institucional sin precedentes en la historia política reciente del país.