Criterio de Procuraduría obligaría a Jonathan Prendas a regresar ₡ 9 millones de cesantía
Es la tercera ocasión en la que la PGR indica que los diputados no pueden cobrar cesantías si antes han sido asesores.
La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó variar un criterio que determinó que el cobro de cesantía por parte de los diputados que han fungido como asesores es improcedente.
Dicha resolución obligaría al diputado independiente Jonathan Prendas a regresar al Congreso ₡ 9 millones por el pago que le hicieron por auxilio de cesantía en mayo del 2018 al pasar de asesor legislativo a diputado.
El criterio C-414-2020 es una respuesta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank a una serie de preguntas que realizó Carlos Ricardo Benavides el 31 de julio del año anterior para ampliar un criterio dictado por la PGR en junio del 2019.
La entidad abogado del Estado había respondido en el criterio original que no corresponde que un asesor cobre cesantía cuando termine su relación laboral con la Asamblea Legislativa para que de inmediato ejerza un cargo para el que fue elegido popularmente por un plazo determinado.
En el nuevo criterio y por tercera vez, la PGR insiste en que: “No existe fundamento jurídico que autorice al Estado para pagar el auxilio de cesantía al servidor público en el supuesto consultado. Bajo ninguna circunstancia, una práctica anómala o costumbre administrativa contra legem (contraria a la ley) puede convertirse en una fuente de derecho”.
La PGR recalcó que la administración parlamentaria se encuentra en la obligación de erradicar toda práctica que se realice en contra de los mandatos del ordenamiento jurídico.
Caso Jonathan Prendas
El caso Jonathan Prendas, se dio a conocer en junio del 2019, cuando se informó que el legislador le cobró a la Asamblea Legislativa ₡ 9 millones al pasar de asesor del Partido Restauración Nacional (PRN) a diputado con la misma agrupación política.
Prendas, cobró esa cantidad de dinero por ser primero asesor de confianza de Carlos Avendaño, luego de Fabricio Alvarado y finalmente de Alexandra Loría.
El actual diputado inició labores en la Asamblea Legislativa en febrero del 2011 y finalizó el 30 de abril del 2018, para ingresar al día siguiente como legislador.
11 días después de asumir su puesto como diputado, Prendas, presentó un reclamo formal para solicitar el pago de los derechos laborares luego de: “haber finalizado su relación de trabajo con la Asamblea”.
La administración legislativa le canceló a Prendas ₡ 8,4 millones por 154 días de cesantía y ₡ 600.000 por vacaciones.
El pago fue aprobado cuando Prendas ya ejercía como diputado. Se acordó cancelarle el aguinaldo y el salario escolar.
En el criterio de la PGR se indica que solo se pagarán las prestaciones legales cuando el trabajador se encuentre desempleado por el Estado: “Por lo que, si esa condición no se da o desaparece, debe entenderse que desaparece el supuesto de hecho que permitiría el pago del auxilio de cesantía”.
“El presupuesto de hecho que justificaba el auxilio de cesantía desapareció con la nueva contratación por parte del Estado y ese hecho no se revierte con el cese de la relación de empleo a plazo definido por ley”, señala el criterio suscrito por Luis Guillermo Bonilla Herrera, procurador adjunto.
El criterio vinculante de la PGR no se refiere al caso específico del diputado Prendas, pero la administración legislativa estará en la obligación de aplicarlo a dicho caso.
El director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, comentó días atrás que el caso de Jonathan Prendas estaba en pausa a la espera de la ampliación de criterio de la PGR.